Por: Erick Braga
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Durante los últimos 36 años en el Perú, el panorama político nacional y subnacional experimentó un proceso de progresiva e irreversible degradación.
Las organizaciones partidarias y los movimientos políticos se redujeron a meras franquicias electorales y plataformas instrumentales de alquiler.
Sus representaciones, de carácter efímero y furtivo, no solo carecieron de un proceso orgánico de formación político-ideológica, sino que operaron como engranajes subordinados a un entramado de intereses económicos y fácticos.
Gran parte de estos actores mantuvieron y mantienen vínculos estrechos con redes corporativas y oligarquías que controlaron el aparato estatal, los oligopolios mediáticos y diversos activos estratégicos, consolidando una hegemonía que articuló lo nacional con lo internacional.
A nivel regional, este dominio se tradujo en la captura y predeterminación de los procesos electorales periódicos, reciclando de manera sistemática a las mismas élites o a operadores subordinados a los poderes fácticos, verdaderos titiriteros del orden político nacional, regional y municipal.
Estas franquicias evidenciaron una profunda precariedad institucional, caracterizada por la ausencia de cohesión organizativa y una vulnerabilidad estructural.
El transfuguismo y el oportunismo pragmático se normalizó de forma obscena bajo el amparo de supuestas políticas de alianza, permitiendo que figuras procedentes de espectros aparentemente “democráticos o progresistas”.
Transitaran luego hacia grupos políticos de extrema derecha o fascistas, como es el caso de Renovación Popular, para luego en el plano regional y municipal, adscribirse de manera inverosímil supuestas identidades de luchadores sociales.
Estas alianzas contra natura y carentes de consistencia doctrinal se vaciaron de contenido programático. El fenómeno operó de manera caótica: cuadros “autodenominados de izquierda” migraron hacia las filas del conservadurismo radical de derecha, con el único fin de maximizar beneficios electorales.
Los casos reales flagrantes y de conocimiento público, eximen la necesidad de un inventario nominal.
Frente a este escenario de descomposición moral de la praxis política regional y nacional, hay también quienes optaron por cierta supuesta consecuencia ideológica y política sobre la coyuntura inmediata.
En consecuencia, se entiende que decidieron suspender temporalmente sus objetivos y proyecciones en el ámbito municipal y regional para concentrar sus energías militantes en el último proceso electoral nacional del 2026.
Dicha acción implicó el respaldo a la plataforma política de Juntos por el Perú (JP) y a la candidatura presidencial de Roberto Sánchez.
A pesar de que más tarde dicha coalición demostró una incomprensión e incongruencia respecto a la urgencia histórica que demandaba la unidad de las fuerzas democráticas, progresistas, nacionalistas y revolucionarias.
Crucial no solo para encarar la segunda vuelta electoral del 7 de junio y derrotar al fujimorismo y su entramado criminal—, sino también avanzar al proceso regional y municipal del 4 de octubre del 2026.
En tanto resultaba imperativo plantear la construcción del poder popular desde las bases y la conquista estratégica de los gobiernos regionales y municipales, con especial énfasis en la región Loreto y la Amazonía, bajo la consigna histórica de transferir el poder a las comunas y a la clase trabajadora.
Más allá de las contradicciones internas del escenario político nacional, regional y municipal, era, y es imperativo y categórico contribuir a la refundación de la República, orientada hacia una Patria libre y soberana mediante la predica y la práctica de seguir avanzando hacia el derrotero de la Asamblea popular Constituyente, que no es sino forjar una nueva Carta Magna al servicio de las grandes mayorías.
“Existieron decisiones políticas absolutamente estériles que, lejos de sumar y multiplicar fuerzas, operaron como factores de resta y división”.
Cuenca del Nanay, 13 de octubre del 2026.
