Costumbre “rara”

Desde hace unas tres décadas que entrando a conocer sobre la gestión pública empezamos a notar una costumbre “rara”, y que empezaba a evidenciarse intenciones más explícitas respecto al manejo de los recursos del Estado, que se iba mostrando cada vez más atractiva y abultada.
La costumbre a la que nos referimos, es que las autoridades de turno elegidas por el pueblo en Loreto, salvo honrosas excepciones empezaron a contratar profesionales principalmente para cargos de funcionarios, traídos de otros lugares del país.
Es que se rumoreaba tenían que ser bien preparados, conocedores de la administración, y “saber hacer bien las cosas sin dejar huellas”. Fue que comprendimos de lo que se trataba y que se asomaba para Loreto una escalada de la corrupción, articulada desde las jerarquías nacionales, también.
Fue casi en paralelo, cuando empezaron a llegar constructoras de otras ciudades costeras del país, porque las existentes en la región se negaban en su mayoría a pagar “las coimas”, lo que para todos se ha convertido hasta la actualidad en un secreto a voces, y en los pasillos se habla con desparpajo.
El virus de los funcionarios magos que desaparecen las huellas se ha extendido a otros puestos dentro del aparato estatal, lo que se lleva a escuchar que “ahora todo es plata”, hasta el más simple trámite que es la función de quien o quienes desarrollan un trabajo estatal.
Nada ha detenido esta costumbre “rara” que ha cutipado o contagiado a ciertos profesionales locales y regionales, que ni el alto número de alcaldes, funcionarios, y hasta militares que en una época fueron a parar a la cárcel de Iquitos, ha logrado detener el avance de la corrupción.
Sin rubor, se llega al extremo de contratar para funcionarios a gente que ha ocupado cargos anteriores y tienen serias denuncias de peculado y otros en agravio del Estado. La Contraloría dice que no se puede hacer nada, porque no han sido sentenciados, todavía. Según la ley sólo impide a quienes tienen sentencias. Mientras el Congreso de la República no genera otra ley o modificatoria, para impedir más saqueos a los fondos públicos, y que asimismo haya responsabilidad para quienes los contratan.