Corte y Ejército fortalecerán presencia del Estado en frontera de Loreto

La ejecución de próximas acciones conjuntas fue el resultado de la reunión que sostuvo el presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto con las autoridades del Ejército Peruano, Comandante de la V División del Ejército, General de División EP Miguel Ángel Álvarez Villalobos; y el General de Brigada, Luis Iván Jorge O’Connor Riglos, de esta misma comandancia.
El importante encuentro, desarrollado en la Presidencia de la sede judicial, contribuyó a fortalecer la alianza de las instituciones para fortalecer la presencia del Estado y el acceso a servicios esenciales para la ciudadanía, como es el de justicia.
Al respecto, se coincidió en la prioridad de sumar esfuerzos para ayudar a extender la cobertura y mejora de los servicios públicos en los lugares más apartados de la vasta frontera de Loreto; especialmente, en la provincia del Putumayo cuya extensión fronteriza supera los 1,600 kilómetros de extensión.
Tal inmensidad geográfica se compara a la extensión del litoral que va de Tumbes a Paracas (Ica), pero con la drástica diferencia que carece de las vías terrestres y de comunicación digital que sí existen en la Costa peruana. En consecuencia, es un grave problema de incomunicación y aislamiento que sume en la pobreza y la falta de oportunidades a sus poblaciones.
Al mismo tiempo, se advirtió que en el Putumayo existe una fuerte influencia de la minería ilegal, la criminalidad organizada y el narcotráfico (con más de 50 mil cultivos de coca), siendo que la base de su procesamiento está en la vecina Colombia, y lo opera las FARC.
Tal problemática, también ha motivado a priorizar la cooperación de las Fuerzas Armadas para hacer realidad la carretera Napo – Putumayo. Obra vial que constituye una necesidad geopolítica de urgencia, a fin de facilitar las acciones para neutralizar el crecimiento de cultivos de coca y la expansión de la narcoguerrilla.
Cabe anotar que, en los siguientes días, se realizarán las reuniones técnicas para la consecuente ejecución de las acciones pactadas, las cuales integrarán además la participación del Gobierno Regional y diversas instituciones.