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Corte Superior llega a Güeppí (“El Cuerno de Loreto”)

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  • Este 19 y 20 de septiembre.
  • Se inaugurarán juzgados de paz y Justicia en Tu Comunidad.

Güeppí está en frontera tripartita, entre Ecuador, Colombia y Perú. Es la zona más septentrional del país y alberga a las poblaciones más apartadas de Loreto.
Acciones cívicas también se desarrollarán en Soplín Vargas y Tres Fronteras, localidades altamente convulsionadas por el narcotráfico, minería ilegal y criminalidad.
Con el propósito de garantizar el servicio de justicia permanente en beneficio de las comunidades más apartadas y aisladas, la Corte Superior de Justicia de Loreto, en una labor articulada con la municipalidad distrital de Teniente Manuel Clavero, inaugurará juzgados de paz en este distrito fronterizo de la provincia del Putumayo.
Ello, gracias a la cesión en uso gratuito de locales comunales, destinados al funcionamiento de los citados juzgados; uno en Tres Fronteras, y otro en Soplín Vargas.
Es de resaltar que los ambientes cedidos están en óptimas condiciones, a la vez de ser los más céntricos y seguros; favoreciendo el servicio idóneo para la población, a la vez de fortalecer la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial.
Al mismo tiempo, en cada fachada, se colocarán rótulos perennes con información útil sobre las atenciones que brinda el juez de paz, para el debido conocimiento de los moradores.
Ferias gratuitas
La Corte de Loreto, en acción conjunta con instituciones como la Prefectura Regional, Municipalidad Distrital de Teniente Manuel Clavero, Marina de Guerra, Ejército, Fuerza Aérea, etc., realizará ferias de servicios gratuitos en favor de las comunidades de Güeppí, Soplín Vargas y Tres Fronteras.
Serán diversas las atenciones que brindarán jueces y trabajadores de la Corte, en una labor voluntaria a través de la comisión “Justicia en Tu Comunidad”, entre ellas: demandas de alimentos, demandas por paternidad (filiación), denuncias por violencia familiar, orientación jurídica y más.
Cabe precisar que Güeppí se asienta en la frontera tripartita entre Colombia, Ecuador y Perú; a su vez, es la zona más septentrional del país. Posicionada en el punto extremo del mapa, alberga a la población más apartada.
Desintegración, convulsión y pobreza
Por ello, la Corte de Loreto ha priorizado su intervención en las citadas localidades del Putumayo, provincia cuya frontera supera los 1,600 kilómetros; es decir, es tan extensa como la mitad del litoral peruano.
Semejante dimensión geográfica conlleva a reflexionar sobre la urgente actuación que debe tener el Estado en esta provincia; así como la naturaleza de la inversión pública a realizar y la priorización de las necesidades más álgidas.
Ahora, dichas necesidades se revelan contundentemente en sus alarmantes indicadores de desarrollo: la pobreza extrema; la inseguridad ciudadana (que ha originado sucesivas declaratorias de emergencia debido al narcotráfico, minería ilegal, delitos conexos y criminalidad); la desnutrición de cerca del 70% de niños de estas zonas rurales; y el limitado acceso a los servicios públicos por la falta de vías de comunicación interprovincial; carencia que refuerza una economía de supervivencia para estos pueblos, que no pueden sacar sus productos al mercado o abastecerse de los mismos.
Para precisar, el transporte de carga de Iquitos al Putumayo y viceversa, sólo se realiza vía fluvial, y la ruta demora más de 20 días y hasta tres meses (en función de la creciente de los ríos); por lo que representa un sobrecosto y otras desventajas para la mayoría.
En tanto, la ruta aérea demanda aun mayor gasto para el ciudadano de a pie, y no es posible el transporte de grandes cargas por este medio.
Compromiso con la ciudadanía
A pesar de tales dificultades geográficas, la Corte de Loreto, en alianza con diversas entidades, suma esfuerzos para fortalecer la justicia en estas comunidades desintegradas de la dinámica nacional, pero con grandes necesidades que precisan pronta atención.
Por lo que, este 19 y 20 de septiembre, desarrollará la citada agenda, con el firme propósito de coadyuvar al acceso a la justicia y la impartición de otros servicios públicos.

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