- Delitos en flagrancia podrán sentenciarse en menos de 72 horas, permitiendo una lucha frontal contra la inseguridad ciudadana.
“Haremos nuestra (el proyecto) la Unidad de Flagrancia”, expresó el alcalde provincial de Maynas, Germán Vladimir Chong Ríos, durante la reunión que sostuvo, ayer, con el presidente de la Corte de Loreto, Reynaldo Elías Cajamarca Porras, comprometiendo la cesión de un área física y céntrica para el funcionamiento de la citada Unidad.
La lucha contra la creciente inseguridad ciudadana constituye eje de prioridad para ambas instituciones, y la Unidad de Flagrancia un medio eficaz para ello.
Sobre esta problemática, observó Chong Ríos que, ante la ocurrencia de un hecho delictivo, donde la Policía logra la captura de los implicados, debe garantizarse la actuación efectiva de los demás entes (Ministerio Público y Defensa Pública) hasta lograr se sentencie a quienes correspondan.
Coincidió con ello el presidente de la Corte, acotando que otras iniciativas para combatir la inseguridad ciudadana, por su naturaleza operativa, coadyuvan hasta cierto estadio, a contrarrestar dicho flagelo. Sin embargo, es la Unidad de Flagrancia el proyecto más efectivo para asegurar la respuesta célere y efectiva del sistema de justicia hasta su última instancia, logrando se sancione a quienes delinquen. Ello, por concentrar físicamente en una única sede a la Policía Nacional, Ministerio Público, Defensa Pública y Poder Judicial, facilitando la actuación articulada de estos entes, y la tramitación de los delitos en términos cruciales como son tiempo y recursos.
Al respecto, un proceso de flagrancia atendido en esta Unidad, permite sentenciar a los responsables en un plazo de 48 a 72 horas, ofreciendo rotunda celeridad en la administración de justicia, a comparación del mismo proceso atendido en la vía común, cuyo tiempo de resolución tarda meses y hasta años; e irroga, asimismo, mayores costos al Estado.
Cajamarca Porras también recalcó la urgencia de implementar la Unidad de Flagrancia en Maynas y “no esperar a que la delincuencia rebase”, considerando que “se trata de una inversión y respuesta frontal a la inseguridad ciudadana, y no un gasto”.
