– Dr. Aldo Atarama Lonzoy.
– Así se pondrá fin a engorroso trámite para cobrar, que además significa una pérdida de tiempo.
– Algunos casos de trabajadores despedidos de San Juan son declarados inadmisibles
El juez superior titular, Dr. Aldo Atarama Lonzoy, encargado de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Loreto – CSJL por una semana tras el viaje del titular Dr. Wilbert Mercado Arbieto, informó sobre el próximo uso de tarjetas bancarias para el depósito de las pensiones alimentistas que en su mayoría reciben madres de familia, hasta ahora, a través de un engorroso trámite.
«El mecanismo que implementará la Corte Superior de Justicia de Loreto es para las mujeres que cobran pensión alimentista, para que lo hagan de una forma más práctica», dijo el Dr. Aldo Atarama. «Siempre estamos preocupados por mejorar el sistema de administración de justicia», acotó.
En el caso del cobro de las pensiones alimentistas, «el trámite normal es que se hace un depósito en el Banco de la Nación y el Banco tiene que informar que se hizo ese depósito para que el representante del alimentante solicite el endoso de ese depósito, lo que significaba pues una pérdida de tiempo, además la necesidad de contar con un abogado para presentar el escrito, proveerlo y un montón de cosas».
Explicó que ahora están detrás de la implementación de las llamadas tarjetas «que el Banco debería abrirles a todas estas personas (en su mayoría mujeres) que tienen procesos de alimentos con la finalidad de que directamente se haga el depósito. Ya no habría esa necesidad de hacer ese trámite de presentar un escrito para decir entrégueme el depósito».
Atarama Lonzoy dijo que esperan implementarlo lo más rápido posible, «quizá nos pueda resultar de aquí a veinte días, o un poquito más, pero lo que queremos nosotros es que esto funcione sobre todo porque va a facilitar la ejecución del pago de alimentistas que muchas veces se vuelve engorroso».
Como es de conocimiento público, un número determinado de trabajadores administrativos de la municipalidad distrital de San Juan Bautista, recibieron el término de contrato laboral y no fueron renovados. Ello ocasionó una serie de actos de protesta porque consideraban que se trataba de un despido que no se ajustaba a la ley por los años de servicio que un porcentaje de ellos venía ofreciendo a la comuna. Finalmente todos realizaron la denuncia respectiva que llegó a la Corte Superior de Justicia de Loreto.
En estos días se pudo conocer que de varios de los trabajadores despedidos fueron admitidas sus medidas cautelares, y tras la emisión de las resoluciones respectivas, se presentaron a la municipalidad distrital de San Juan para incorporarse mientras continúa el proceso judicial. La comuna verá si apela o no de forma inmediata esta resolución.
Consultado sobre este caso, el Dr. Aldo Atarama Lonzoy comentó que «vale la oportunidad para decir lo siguiente: el Poder Judicial no actúa bajo presión de tal o cual grupo. No es que se emita las resoluciones porque viene alguien y realiza un plantón, sino que el Poder Judicial actúa si está de acuerdo al mandato constitucional y a la ley.
Tengo entendido en el caso de los despidos que se produjeron en algunos lugares, en municipalidades, como ya ocurrió en un caso del gobierno regional, a los trabajadores les correspondía ser repuestos y en ese sentido se ha emitido las resoluciones, pero no es que a todos de manera absoluta les corresponda, se evalúa caso por caso.
Sabemos que se han presentado casos de medidas cautelares, el juez ha considerado que tienen la razón y el derecho, y ha emitido la resolución que corresponde. Y no es que lo hayamos hecho en una medida de presión. La justicia se ejerce sin presiones, sino de acuerdo al mandato legal, constitucional, y si las personas tienen derecho, tenemos que dárselos y si no lo tienen, lamentablemente tenemos que decirles no.
También tengo entendido y debo mencionarlo que en algunos casos se declara inadmisible porque no cumplían los requisitos establecidos en la ley. Hay que entender que el Poder Judicial actúa de una manera objetiva, transparente, sin tratar de beneficiar a nadie, sino desvirtuaría nuestro trabajo. Nosotros lo que queremos es que nuestros jueces actúen de acuerdo al mandato legal, constitucional. Otorgar el derecho cuando corresponde y decir no en el caso contrario. (D.López)
