Corte de Loreto condena a 20 años de cárcel a responsable de violación sexual de menor de edad en incapacidad

En consonancia con su firme compromiso institucional de impartir justicia de manera transparente, célere y con especial protección a las poblaciones más vulnerables, la Corte Superior de Justicia de Loreto mediante el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio de la Sede Central dictó por unanimidad, una sentencia condenatoria de veinte (20) años de pena privativa de la libertad efectiva contra el ciudadano Ronier Herrera Montenegro, como responsable como autor del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación de persona en incapacidad de dar su libre consentimiento, en agravio de un menor de edad de 16 años.
Según quedó plenamente acreditado durante las audiencias, los hechos ocurrieron el pasado 11 de noviembre de 2021 en el distrito de Punchana, al interior de la bodega administrada por el sentenciado. Herrera Montenegro se aprovechó del estado de vulnerabilidad de la víctima —un menor de entonces 16 años que padece de retraso mental moderado y deterioro significativo del comportamiento— para consumar el abuso sexual tras retenerlo en el establecimiento.
El tribunal integrado por los magistrados Tania Elena Niño de Guzmán Vilca, Samuel Martin Soldevilla Escudero (Director de debates) y Corely Armas Chapiama valoró de manera integral la abundante actividad probatoria.
La sentencia fijó el pago de una reparación civil ascendente a la suma de veinticinco mil soles (S/ 25,000.00) que el ahora sentenciado deberá abonar a favor de la parte agraviada. Del mismo modo, el colegiado dispuso de forma obligatoria el sometimiento del condenado a un tratamiento terapéutico especializado, conforme a lo establecido en el artículo 178°-A del Código Penal.
La Corte Superior de Justicia de Loreto recalca que esta resolución refleja la inquebrantable política institucional de combatir la impunidad y sancionar con la máxima severidad los delitos graves, en especial aquellos perpetrados contra niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad. A través del fortalecimiento y articulación de sus juzgados de investigación preparatoria y colegiados penales, la institución ratifica su misión constitucional de ser un baluarte en la defensa de los derechos humanos y la correcta administración de la justicia penal en toda la región.