Corte de Loreto advierte sobre uso de menores en delitos y continúa con acciones preventivas en colegios

Cada día, se observan más casos de menores que transgreden la ley penal. Un tema que no se agota en la vía judicial, y que requiere políticas públicas como la intervención de las instituciones que trabajan por la niñez y la adolescencia.
En este escenario, la Corte Superior de Justicia de Loreto llamó la atención sobre la problemática, advirtiendo que niños y adolescentes son usados para delinquir.
Provenientes de hogares o vecindarios donde se cometen hechos delictivos, o donde existen problemas de drogadicción, alcohol, violencia, etc.; la vulnerabilidad de los menores radica en la alta probabilidad de replicar tales conductas.
Para ello, y con frecuencia, el adulto que delinque inducirá “inofensivamente” o ejercerá violencia contra el menor, a fin de forzarlo a participar en robos, hurto, tráfico ilícito de drogas, y otros hechos delictivos que les generan beneficios ilícitos.
Con un lenguaje claro y sencillo para estos grupos en vulnerabilidad, el juez superior, Aldo Nervo Atarama Lonzoy, explicó y sensibilizó a los alumnos del colegio San Martín de Porres, en el distrito de Iquitos, respecto al reconocimiento de esta modalidad de violencia perpetrada usualmente por bandas criminales, y hasta por miembros del entorno social.
Asimismo, refirió a los menores las consecuencias de incurrir en dichos ilícitos, como es el internamiento en un centro juvenil, en lo que legalmente se conoce como sanción por infracción a la ley penal.
A través de su comisión “Justicia en Tu Comunidad”, la Corte continuará con estas actividades de proyección social.
Cabe anotar que, además de su rol sancionador, la Corte promueve acciones de prevención que ayuden a reducir el número de víctimas de la delincuencia y violencia.
Una labor social con enfoque en las “100 Reglas de Brasilia”, las cuales reconocen que los niños y adolescentes son un grupo en vulnerabilidad debido a su edad y desarrollo; lo que los hace susceptibles a influencias negativas y explotación por parte de adultos. En este sentido, se subraya la obligación de los sistemas judiciales e instituciones de brindarles una protección reforzada.