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Convocan debate nacional para elevar estándares de la profesión legal

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-Hacia las buenas prácticas para la abogacía

–    Facultad de Derecho de la PUCP y Ciudadanos al Día (CAD) publican importante contribución para modernizar el ejercicio profesional.

–   La meta es tener el año 2012 un sistema de autorregulación privada que  vele por un correcto ejercicio del derecho, dijo Beatriz Boza.

Un amplio debate que involucre a la opinión pública en general, y especialmente a los colegios de abogados, las facultades de derecho de las universidades del país y a las empresas privadas, fue convocado hoy con la finalidad de establecer nuevas normas de conducta en el ejercicio de la profesión legal y por ende elevar los estándares de desempeño profesional.

El punto de partida de dicho debate lo constituyen tres publicaciones jurídicas presentadas por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y la organización Ciudadanos al Día (CAD), que sustentan la propuesta del sector privado para elevar los estándares de conducta en el ejercicio del derecho y mejorar los indicadores del cumplimiento de la ley.

Se trata de las publicaciones: «Consulta pública: Propuesta de normas de conducta y responsabilidad del profesional en derecho», «La misión del abogado» y «Graduación de sanciones». La elaboración de las normas contó con la participación de los principales estudios jurídicos del país, de las gerencias legales de las principales empresas privadas y de diversas entidades académicas y profesionales.

El debate público propuesto tiene como objetivo establecer la base de un sistema de autorregulación privada que se aplique a partir del año 2012. El decano de la Facultad de Derecho de la PUCP, Wálter Albán, destacó que las mencionadas publicaciones fundamentan y sientan las bases de una nueva normativa para el ejercicio de la profesión legal en el Perú, abriendo una nueva etapa en la historia del derecho en el país.

«Quisiéramos llegar a muchos más profesionales y comprometer la participación de los decanos de los colegios de abogados, con la finalidad de revalorar nuestra profesión», expresó Albán.

Por su parte, la directora de Ciudadanos al Día, Beatriz Boza, refirió que un país que quiere continuar con las mejoras macroeconómicas, debe optimizar también sus indicadores de competitividad en los ámbitos de cumplimiento de las leyes y acceso a justicia. «Este es un esfuerzo del sector privado y el académico para contribuir a mejorar estos indicadores».

Añadió que así como existen en muchas empresas buenas prácticas de gobierno corporativo, del mismo modo debe existir un código de las buenas prácticas de la profesión legal.

A su turno, la secretaria general de Telefónica del Perú, Julia María Morales, mencionó que la empresa privada toma muy en serio esta iniciativa, la misma que ha sido compartida con 25 gerentes jurídicos de igual número de empresas.

También resaltó que muchos estudios jurídicos ya se encuentren aplicando las normas propuestas, de manera que tanto los abogados internos como los externos (asesores) se van comprometiendo en este proceso.

Julia María Morales señaló, además, que la propuesta recoge experiencias de otros países, así como prácticas ya aplicadas por empresas locales. Así, concluyó que espera que las normas de conducta planteadas se conviertan en el nuevo Código de Conducta para los abogados del país.

El decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), José Antonio Ñique de la Puente, expresó su respaldo a la convocatoria al debate de la propuesta y ofreció las instalaciones de dicha institución para la realización de un foro en el que se discuta sobre las normas que han de regir la conducta profesional en el ejercicio de la abogacía en el país.

Asimismo, ofreció el sitio web del CAL como un espacio para hacer del debate una actividad permanente, publicando los comentarios que hagan llegar los interesados en participar.

La presentación de las tres publicaciones contó con la participación de los decanos de las facultades de Derecho de varias universidades limeñas, así como representantes legales de diversas empresas comprometidas con la propuesta.

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