- En 61% de situaciones de riesgo advertidas sobre manejo de la COVID-19 no se tomaron medidas.
“Lamentablemente, se ha ratificado la limitada capacidad que existe en los tres niveles de gobierno para gestionar los recursos públicos, con la finalidad de disminuir los efectos lesivos del COVID-19 en los infectados y evitar la muerte de miles de nuestros compatriotas” advirtió el Contralor General Nelson Shack.
En cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 31016 y a la Estrategia de Control de la Emergencia Sanitaria COVID-19, la Contraloría General de la República ha generado más de 12 mil informes de control simultáneo, los cuales permitieron advertir oportunamente 21,400 situaciones de riesgos en el manejo de recursos públicos asignados a la gestión de la pandemia en el Perú, pero en el 61% (13 007) también se advierte que no se tomaron acciones correctivas por parte de las instituciones involucradas.
En el primer año de la Emergencia Sanitaria, del 15 de marzo de 2020 al mismo período de 2021, el Poder Ejecutivo habilitó recursos por más de S/ 124 mil millones para financiar diversas medidas monetarias y fiscales para contribuir al fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los servicios de salud, apoyar la mitigación de los efectos de las medidas de aislamiento e inmovilización social, ayudar a la implementación de las medidas de contención de la Emergencia Sanitaria y contribuir a la implementación de las medidas de reactivación económica.
“Todos tenemos claro que la gestión pública no ha estado a la altura de las circunstancias, hay muchas cosas que no se han hecho y algunas otras se han hecho mal. Pero más allá de lamentarnos hay que aprender de la experiencia, rectificar y seguir adelante sobre todo en este tema tan importante como es la COVID-19” comentó el contralor general Nelson Shack, durante la presentación del informe “Control en la pandemia por la COVID-19”.
Principales conclusiones.
Se evidenciaron dificultades para atenuar las graves consecuencias sociales y económicas, principalmente en el apoyo mínimo que requerían las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a las familias más vulnerables, las cuales fueron golpeadas económicamente.
“No podemos exigir eficacia en las decisiones, si vemos graves inconsistencias y falta de transparencia en aspectos tan cruciales como el registro de fallecidos a consecuencia de la COVID-19, por citar un ejemplo” agregó.
El monto de recursos públicos examinado en los informes de control simultáneo asciende a más de 96 mil 830 millones. Algunos ejemplos de esas situaciones adversas son la demora en el funcionamiento y uso de Centros de Aislamiento Temporal para pacientes COVID-19, deficiencias en la compra e instalación de plantas y concentradores de oxígeno, problemas en la adquisición de pruebas moleculares y Equipos de Protección Personal (EPP) entre otros.
A esto se suma las dificultades detectadas en el proceso de vacunación contra la COVID-19, que se iniciaron con el hallazgo de la vacunación irregular de funcionarios públicos, cuyo caso es conocido como “Vacunagate”, y continuaron en el mismo proceso de vacunación como son: desactualización de los padrones de beneficiarios, pérdida de vacunas, vacunación irregular de personas, inadecuada gestión de residuos biomédicos, entre otros.
