- Se generó un perjuicio económico de 188 mil soles.
La Contraloría General ha identificado pagos irregulares efectuados a una empresa proveedora en el Hospital Apoyo de Iquitos “César Garayar García”. Durante el año 2022, se pagaron 188 mil soles sin que se pudiera acreditar la prestación del servicio contratado de médicos especialistas.
Según el Informe de Control Específico N° 005-2024-2-4440-SCE, que cubre el periodo del 1 de enero de 2022 al 31 de octubre de 2023, la revisión de la documentación proporcionada por la entidad reveló que no existirían pacientes atendidos ni análisis médicos realizados que justifiquen los servicios tercerizados.
La comisión de auditores también observó que la entidad suscribió catorce contratos irregulares sin la certificación presupuestaria adecuada, sin términos de referencia, y firmados después de la prestación del supuesto servicio. Además, estos contratos carecían de la representación legal adecuada; es decir, no contaron con la participación del director ejecutivo del hospital o su adjunto.
Igualmente, preocupante fue el hallazgo de que los jefes de varias áreas del hospital, sin el debido soporte y sin especificar términos de referencia, solicitaron la contratación de servicios de médicos especialistas por montos superiores a 8 UIT (188,220 soles), incumpliendo así la Ley de Contrataciones del Estado, que exige un proceso de selección para tales montos.
También se comprobó que la empresa encargada del servicio no cumplía con las condiciones técnicas según la normativa vigente. Los exjefes de los departamentos de Anestesiología y Centro Quirúrgico, Cirugía, Emergencia y Cuidados Críticos, Pediatría, así como el exjefe del Servicio de Neonatología y UCI Neonatal, quienes dieron conformidad a los servicios prestados por la empresa, son considerados presuntos responsables en este caso.
También están involucrados el ex responsable de la Dirección Ejecutiva, el actual jefe de la Oficina de Administración, y los actuales jefes de las Unidades de Logística, Economía y Tesorería, quienes tramitaron el proceso de contratación y autorizaron los pagos.
El informe ha sido remitido al Órgano Instructor de la Contraloría para el procesamiento correspondiente de los funcionarios implicados, y se ha recomendado a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción iniciar acciones legales contra los presuntos responsables.
