- Pagaron a personal de confianza, personal que hacía trabajo remoto y administrativos que estaban excluidos del beneficio.
- Cuatro altos funcionarios terminaron con responsabilidad penal y administrativa.
Por lo que la Contraloría regional recomienda al actual director de salud Chaner Zumaeta Córdova, informar al procurador anticorrupción para que inicie las acciones legales correspondientes. Se pagó 91 mil 344 soles a personal de confianza. 45,864 soles a personal que hacía trabajo remoto. Y 870 mil 880 soles a personal administrativo que no cumplían con el criterio para ser beneficiados con la bonificación.
Todo está plasmado en el informe 053-2022-CG/GRLO-SCE sobre: “Otorgamiento de bonificación extraordinaria en el marco del artículo 4° del Decreto de Urgencia n.° 026-2020 y modificatoria ante la emergencia sanitaria por la covid-19, sin cumplir procedimiento para identificar al personal beneficiario”.
Entidad que fue sujeta a control, dirección regional de salud Loreto. Monto objeto del servicio S/ 1,008,088.40. Unidad orgánica que emite el informe: gerencia regional de control de Loreto. Argumentos de irregularidades advertidas:
“Funcionarios tramitaron y pagaron bonificación extraordinaria a personal administrativo expresamente excluidos en la normativa aplicable, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, lo que ocasionó perjuicio económico de un millón 008 mil 088 soles.
Recomendaciones: Al director general de la dirección regional de Loreto para que realice las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la dirección regional de salud de Loreto comprendidos en los hechos irregulares.
Al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción: Dar inicio a las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control.
Personas comprendidas en los hechos irregulares y presuntas responsabilidades identificadas: Carlos Calampa Del Águila. Ramiro Bustamante Rioja. María Magdalena Cardama Casique y Enith Flor Borbor Do Santos. Impulsaron documentos para pagos, cuando éstos no les correspondían”.
