Consulta previa

Un buen porcentaje de los ingresos que tiene el erario nacional, proviene de la extracción de materias primas y otros recursos valiosos como el petróleo, que únicamente se encuentra en territorios donde viven los pueblos indígenas, lo que ha permitido un crecimiento sostenido del país durante los últimos 20 años.
Entonces, el Estado Peruano al negociar esas riquezas, sin consultar a quienes viven en esas tierras, está cometiendo un atropello contra el derecho de los pobladores de esos espacios a vivir sanamente sin los peligros de la contaminación ambiental, del bosque y del río, que ha cobrado muchas víctimas, que ha atacado a niños jóvenes, adultos y ancianos indígenas con enfermedades nunca antes sufridas.
Si el gobierno, unilateralmente, va a decidir el destino de los territorios indígenas, ellos nunca van a estar de acuerdo con eso, por lo que el Estado debería llegar a una solución lo más pronto posible, que contenga elementos de equidad que a la vez busque el desarrollo del país y a la par de los pueblos indígenas.
Hay que recordar que las comunidades indígenas ubicadas dentro del territorio del Lote 192, están amparadas por la Ley de Consulta Previa y por el Convenio 169 de la OIT. El derecho que tienen los indígenas sobre la tierra donde viven, a sus recursos naturales y por eso no se les puede dejar fuera de juego. Los derechos no se mendigan, se exigen por una parte y se respetan por la otra.
Van 44 años que los pueblos indígenas asentados en las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón conviven con los problemas que acarrea la explotación petrolera, primero por parte de la OXI y ahora por Pluspetrol, lo que dice que es un lote estratégico y que por eso mismo debe ser tratado como una fuente de riqueza que reporte los dividendos correspondientes a quienes viven expuestos a la contaminación, a quienes, además, se les debe atender con los demás servicios imprescindibles como salud y educación.