Por: Elena Burga Cabrera
Directora de la DEIB-DIGEIBIRA/
Ministerio de Educación
«Y ahora que ya hemos debatido, consensuado y llegado a acuerdos con el Ministerio de Educación, ahora tenemos que estar atentos a que se apruebe y que se implemente el plan… estaremos vigilantes a que esto que hemos aprobado se cumpla…»
Ketty Marcelo, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú – ONAMIAP
Por primera vez en nuestra historia, un plan para implementar una política pública en educación, en este caso de Educación Intercultural Bilingüe se consulta con las poblaciones a las que esta política se propone atender.
Hacer consulta previa es un acto democrático y una manera de construir ciudadanía, más aún, de construir ciudadanía intercultural. Requiere la mejor voluntad de las partes involucradas por cumplir los acuerdos, y ser cuidadosos y conscientes de todo aquello que puede interferir en el proceso. Desde el Estado, por ejemplo, ser conscientes de que existe una desconfianza histórica comprensible de parte de los representantes de los pueblos indígenas, por tantas décadas de olvido y promesas incumplidas. Desde las organizaciones, tener la capacidad de plantear sus demandas con argumentos y sobre la base de cosas posibles de hacer, pues hay aspectos que exceden a un plan o una norma de esta naturaleza o que requerirán un mayor tiempo para su concreción.
También obliga a todos los actores involucrados a saber escuchar, y poner en juego toda nuestra capacidad para buscar y presentar argumentos, ser asertivos y ponerse en el lugar del otro, tratar de entender los distintos puntos de vista y, finalmente, cuando ya no es posible convencer sobre un determinado aspecto, ser capaces de ceder algo por encontrar el punto medio o de equilibrio que permita el consenso.
La política de Educación Intercultural Bilingüe en el Perú existe desde hace más de 30 años, pero además de la falta de voluntad política para su desarrollo en el pasado, uno de sus principales problemas ha sido la falta de una ruta clara para su implementación. El Plan Nacional de EIB es la herramienta de gestión que permite implementar esta política (que está en proceso de aprobación con Decreto Supremo), y comprende los objetivos, estrategias, metas y actividades para la atención educativa pertinente y de calidad a los estudiantes que pertenecen a un pueblo originario y/o que hablan una lengua indígena de nuestro país.
Este Plan fue construido de manera participativa en el 2012, en un proceso que duró 8 meses, con participación de distintos tipos de actores sociales: maestras/os, académicos, líderes y lideresas de organizaciones indígenas, cooperación internacional, ONG, funcionarios del MINEDU y de las DRE y UGEL. El plan permitió avanzar en la implementación de la EIB en los últimos 4 años (2012-2015) de manera integral. En esta nueva versión 2015-2021 se plantea la ruta a seguir para continuar mejorando a partir de cuatro grandes objetivos y líneas estratégicas:
1. Acceso, permanencia y culminación a la EIB
2. Currículo y propuesta pedagógica pertinentes (con diversas herramientas pedagógicas y materiales educativos)
3. Formación y desarrollo docente
4. Gestión de la EIB
Pero ¿por qué era importante que este plan pasara por un proceso de consulta previa a los pueblos indígenas?
En primer lugar porque la ley así lo contempla y es un derecho de los pueblos indígenas u originarios ser consultados antes de aprobar cualquier medida administrativa o norma que afecte sus derechos colectivos, sea positiva a negativamente. Por tanto, es deber del Estado, en este caso del Ministerio de Educación, cumplir con este proceso.
En segundo lugar, y lo más importante en realidad, era fundamental que los pueblos originarios, a través de sus organizaciones representativas, pudieran conocer y enriquecer el plan, para hacerlo suyo y ser actores claves en su implementación y vigilancia. En otras palabras, para darle la legitimidad social que un plan como este requiere.
El Plan Nacional de EIB constituye la primera medida normativa que pasa por un proceso de consulta en el sector educación, y el primero que se aprueba en los plazos que señala la ley, así como el primero que se aprueba en todos los puntos con «Acuerdos». Este hecho, constituye un hito en la historia de la EIB en el Perú y en toda América Latina. Aunque esto no garantiza totalmente que las próximas gestiones del Ministerio de Educación continúen desarrollando esta política, existe una mayor posibilidad de ello al tener una ruta clara y consensuada con los sujetos directos a los que beneficia esta política. Más aún si son ellos quienes se vuelven los principales guardianes de que los acuerdos se cumplan.
Experiencias como estas nos ayudan a construir democracia, a construir ciudadanía, interculturalidad. El diálogo de buena fe entre el Estado y las organizaciones representativas de los pueblos indígenas es posible cuando hay voluntad política de ambos lados y cuando existen intereses superiores por encima de los intereses particulares. Ofrecer a los niños, niñas y adolescentes de los pueblos originarios una educación pertinente y de calidad ha sido el interés supremo que ha primado, en ambas partes, en este diálogo de buena fe.
