– Defensor del pueblo, Diego Reátegui
– Expresando que “Es necesario elevar la edad mínima de acceso al empleo y mejorar la inspección en este tema”.
La Defensoría del Pueblo viene solicitando, de manera intensa y firme, ante el Congreso de la República, legislar para establecer como delito la explotación laboral infantil, a fin de contribuir a erradicar dicha problemática que afecta a este vulnerable sector de la sociedad.
Diego Reátegui, defensor del pueblo en Loreto, refiere que la recomendación formulada hace un año en el marco de la aprobación del Informe Defensorial N° 166: “El trabajo infantil y los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes en el Perú” porque, según las últimas cifras del INEI, el 53,9% de personas menores de edad que trabajan tienen entre 5 y 13 años de edad, es decir, por debajo de la edad mínima permitida por ley.
“Preocupa que un número considerable de nuestros niños y niñas trabajen desde edades tan tempranas como estibadores, recicladores de basura, vendedores nocturnos de golosinas, entre otros; actividades que ponen en peligro su salud, su integridad e inclusive su vida”, precisa.
Agregando, incluso, que hasta la fecha no existe un delito específico que sancione el abuso o explotación laboral de una persona menor de edad, lo que genera impunidad.
Afirmó también que existen otras tareas pendientes en la lucha contra el trabajo infantil, que también han sido señaladas en el Informe Defensorial N° 166: elevar la edad mínima de acceso al empleo a 15 años, tal como lo exige el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), exigir una mayor supervisión por parte de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en los lugares donde se realiza trabajo infantil.
Asimismo, es de singular importancia actualizar el listado de actividades peligrosas para adolescentes adoptado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como los registros de adolescentes trabajadores a cargo de las direcciones regionales de trabajo y municipalidades, etc.
“Estas acciones deben ser implementadas a la brevedad por las entidades competentes. No podemos permitir que se sigan afectando los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que ya no son más el futuro, sino el presente de nuestro país”, subrayó. (MIPR)
