- Expresó el ex fiscal especializado en materia ambiental Yusen Caraza.
Él fue invitado por los organizadores del Foro sobre el estado de la cuenca del Nanay, para que hable sobre el Derecho constitucional y base legal vulnerada en el marco del otorgamiento de la concesión para minería ilegal en el río Nanay.
Caraza, hoy pertenece a un Estudio de abogados especializados en materia ambiental. Agradeció por la invitación a los organizadores, indicando que era un grano de arena más para luchar contra la minería ilegal, sobre la mencionada concesión que ha sido otorgada de manera ilegal, de manera inconstitucional.
“La solicitud presentada ante Ingemmet, de parte del representante de la empresa “Raíces Gaddaffi”, se dio el 4 de mayo de 2023. Recibiendo una respuesta favorable de manera veloz, el 31 de agosto ellos ya contaban con dicha autorización.
Ese instituto dependiente de Energía y Minas, ha vulnerado varios derechos constitucionales, ya que las coordenadas de la concesión se superponen sobre el río Nanay. Es decir, están encima del río Nanay y hay una serie de normativas y jurisprudencia, que eso está absolutamente prohibido.
Se han vulnerado derechos porque los ciudadanos tienen el derecho constitucional de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para la vida, hace tiempo que lo están vulnerando. También el derecho a la salud.
Es concesión debió ser declarada improcedente, no se debió haber entregado porque vulnera una serie de derechos ambientales y constitucionales. Se tienen que proteger los ecosistemas. Y existe una serie de jurisprudencia a nivel nacional e internacional”, mencionó Caraza, entre otras apreciaciones legales.






Se viene hablando y escribiendo sobre el problema de la minería ilegal, pero no hay un pronunciamiento fuerte que invalide las acciones de quienes otorgaron autorización de explotación de oro, contaminando la principal fuente de agua dulce que tiene Iquitos. Me pregunto que hace falta para erradicar la actividad minera que está centrado en la cuenca del rio Nanay. Los fiscales y jueces tienen los instrumentos legales para ordenar a la policía a intervenir, las barcaza, combustibles y demás materiales utilizados en la actividad.
Habrá que tocar otras puertas en diferentes instancias, tal vez por ese lado se consiga, erradicar la actividad que contamina con mercurio y otros elementos químicos, de una vez por todas..