- Federación de pueblos indígenas da un ultimátum de 48 horas ante el abandono de proyectos de salud y la falta de cumplimiento de acuerdos.
La Federación de Comunidades Nativas del Río Marañón Saramuro (FECONARIMSA) emitió un pronunciamiento en el que exige al Estado peruano atender sus demandas en materia de desarrollo y salud, tras el incumplimiento de acuerdos establecidos en actas anteriores. La organización, que representa a las comunidades de San José de Saramuro y Hualla Plana, advirtió que iniciará medidas de fuerza si no recibe respuesta en un plazo de 48 horas.
Entre los principales reclamos figura el abandono del proyecto de mejoramiento de los servicios de salud en la comunidad San José de Saramuro, registrado con el CUI N° 245559. Pese a los compromisos asumidos por el Estado, la obra se encuentra paralizada, perjudicando a diversas comunidades de la zona.
FECONARIMSA responsabilizó directamente a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el Ministerio de Salud (MINSA), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a la Municipalidad Distrital de Urarinas, a quienes acusa de “decisiones negligentes y desidiosas”.
El documento señala que, de no recibir atención antes del 13 de septiembre de 2025, se procederá a la paralización de las operaciones de la batería 3 Yanayacu de Petroperú, así como al cierre total del tránsito fluvial en el río Marañón. Esta medida impediría el paso de cualquier embarcación.
La federación también exige el retiro de todo el personal de Petroperú de la zona como parte de sus acciones de protesta, las cuales se enmarcan en lo que denominan “justicia indígena”. La medida entraría en vigor a partir de las 00:00 horas del 13 de septiembre.
FECONARIMSA aseguró haber agotado todas las instancias de diálogo y denunció que tanto el Gobierno Regional de Loreto (GOREL) como la Municipalidad de Urarinas han mostrado desinterés en defender los derechos de los pueblos originarios.
El pronunciamiento fue dirigido a diversas entidades del Ejecutivo, así como a la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía Ambiental y medios de comunicación local, regional y nacional, con el fin de dar visibilidad a la situación y presionar por una solución definitiva.
La advertencia de las comunidades nativas refleja la profundización de los conflictos sociales en la Amazonía peruana y evidencia la brecha entre los compromisos del Estado y la dura realidad que enfrentan estas poblaciones históricamente marginadas. (K. Rodriguez)
