- También solicitan que se haga una reingeniería en PROFONANPE, por presuntos malos manejos denunciados.
Comunidades nativas asentadas en la franja petrolera del Lote 8 y el Lote 192, hace tiempo que vienen solicitando ante el ministerio de Energía y Minas, que se haga una prolija investigación en torno a los fondos destinados a la remediación ambiental.
Ese punto será abordado este 23 de febrero en la Mesa Técnica convocada por el gobierno regional y el Ministerio de Energía y Minas, en Iquitos. Hasta la fecha se conoce que participará en la mencionada mesa técnica el nuevo ministro de energía y minas, Ingeniero de Minas, Rómulo Mucho Mamani, quien podrá absolver esa exigencia indígena.
Como se recuerda, el pasado 17 de agosto de 2023, el Procurador Público del Ministerio de Energía y Minas, Dr. Brian Bocardo Calderón, interpuso denuncia penal contra Víctor Murillo Huamán, ex viceministro de hidrocarburos del Minem y Anton Willen Delanoy, actual director ejecutivo de PROFONANPE, por el presunto delito de colusión simple y agravada.
Debido a presuntos malos manejos, muchas comunidades nativas se han visto afectadas, por lo que el nuevo ministro debe enterarse bien del tema para tomar las acciones correctivas del caso respecto a los funcionarios de PROFONANPE.
El pasado 15 de marzo del año 2021, dicha entidad contrató a un asesor interno para el servidor Víctor Murillo Huamán, por 64 mil soles, desembolsado directamente del dinero transferido a Profonanpe, para fines de remediación ambiental en las zonas petroleras afectadas por derrame.
De acuerdo a la denuncia interpuesta en esa época, el entonces viceministro de hidrocarburos del MINEM, Víctor Murillo y Anton Willems, como director máximo de Profonanpe; generaron la presunta defraudación patrimonial en contra del Estado por 16 millones 370 mil 488 soles. Siendo que las comunidades nativas no se vieron resarcidas de la máxima contaminación generada.
Según Ley 30321 del 6 de mayo 2015, se señala que dichos fondos serán utilizados para la remediación ambiental en sitios impactados como consecuencia de las actividades de hidrocarburos que impliquen riesgos en la salud y el ambiente, lo que definitivamente amerita una atención prioritaria y excepcional del Estado, lo que actualmente no se está haciendo.
Con DS 039-2016 EM, se aprobó el reglamento de la Ley 30321, la cual en su art. 4 indica la creación de la Junta de Administración, un órgano de decisión para la ejecución de los recursos del Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental. De lo que no hay nada. (LMHL).
