- Ante demandas incumplidas en zona petrolera de Loreto.
Se cumplió el plazo fijado por las organizaciones indígenas de Loreto para que el Estado peruano atienda sus demandas sobre los proyectos extractivos en sus territorios. Cientos de comunidades en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Alto Tigre, Marañón y Chambira, áreas de influencia de los lotes petroleros 192 y 8, así como del Oleoducto Norperuano, han mostrado su descontento y advertido que tomarán medidas de control territorial si las autoridades no actúan.
Las federaciones indígenas -la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP), la Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Corrientes (FECONACOR), la Organización del Pueblo Indígena Kichwa Amazónico de la Frontera Perú Ecuador (OPIKAFPE) y la Asociación Cocama para el Desarrollo y Conservación de San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT)- señalaron en septiembre la necesidad urgente de que el Estado cumpla con los procesos de Consulta Previa, implemente la remediación ambiental en las zonas afectadas por la actividad petrolera y mejore los servicios de salud para las comunidades impactadas.
El principal organismo señalado es el Ministerio de Energía y Minas, aunque las organizaciones también han criticado la falta de intervención del Gobierno Regional de Loreto. El clima de malestar se acentuó tras la reactivación de las operaciones extractivas en la región, que para los pueblos indígenas representa una amenaza ambiental y social.
Los dirigentes han mostrado una postura firme ante el Estado. “Si el Estado peruano continúa con sus incumplimientos y no corresponde a este plazo, volveremos a sacar nuestras lanzas y no permitiremos que se extraiga ni una gota de petróleo de nuestros territorios”, señalaron las federaciones en su última comunicación. La posición de las comunidades fue reiterada durante el XXIII Congreso de la ACODECOSPAT en octubre, en el cual más de 40 comunidades kukama y urarina apoyaron el llamado a tomar acciones directas.
El primer contacto oficial del Estado con las federaciones fue el 22 de octubre, cuando la Oficina de Gestión de Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros emitió un comunicado pidiendo a las comunidades reconsiderar cualquier medida de fuerza. “Queremos hacer un llamado a la prudencia y pedirles que reconsideren la adopción de medidas de fuerza. Ese tipo de acciones pueden generar tensiones innecesarias y afectar a terceros”, mencionaba el oficio.
Sin embargo, esta respuesta fue percibida como insuficiente por las federaciones, que demandan compromisos concretos. Apenas el 31 de octubre, el Estado convocó a los presidentes de las federaciones a una reunión en Lima programada para el próximo 6 de noviembre. En la agenda están los compromisos pendientes desde 2017, un periodo que, según las comunidades, ha estado marcado por la “indiferencia y falta de voluntad política”.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), que representa a organizaciones indígenas de todo el país, expresó su apoyo a las demandas de Loreto y llamó a las autoridades a tomar acciones reales. “Exhortamos al Estado peruano a corresponder al plazo dado por nuestras organizaciones base para fines de octubre y recibirlos en los próximos días en la ciudad de Lima con avances concretos. De lo contrario, el levantamiento y la movilización de los pueblos será lo menos que puede esperar ante el abandono y la indiferencia”, sostuvo AIDESEP en un comunicado reciente.
El incumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en relación con la remediación ambiental y la Consulta Previa en las zonas petroleras de Loreto ha llevado a las comunidades a un límite de tolerancia. Con la reunión en Lima en el horizonte, la expectativa se centra en si las autoridades ofrecerán soluciones viables. De no cumplirse los acuerdos, las comunidades han advertido sobre posibles bloqueos y manifestaciones que afectarán directamente las operaciones petroleras en la Amazonía.
(C. Ampuero)
