- Poblaciones de Pijuayal y Setenta denuncian falta de agua, paralización de remediación y riesgo para proceso electoral.
A un año de los desastres ambientales registrados en las cuencas del distrito de Manseriche, en la provincia del Datem del Marañón, las comunidades nativas de Pijuayal y Setenta han intensificado sus medidas de protesta ante lo que consideran un sistemático incumplimiento del Estado y de la empresa Petroperú.
La crisis se originó tras los derrames ocurridos en el Oleoducto Norperuano el 19 de marzo de 2025, cuyos efectos —según denuncian las comunidades— no solo han persistido, sino que se han agravado, pasando de un problema ambiental a una emergencia humanitaria.
En la comunidad de Pijuayal, los pobladores realizaron una movilización en la carretera Saramiriza–Bagua, donde denunciaron la falta de acceso a agua potable, situación que afecta principalmente a estudiantes de la residencia local.
Según indicaron, los menores se ven obligados a consumir agua de lluvia para subsistir, lo que representa un riesgo para su salud y evidencia el abandono de las autoridades frente a una problemática que consideran urgente.
Los dirigentes comunales advirtieron que, de no contar con la presencia del Ejecutivo y soluciones concretas hasta el próximo 7 de abril, no existirían condiciones adecuadas para garantizar el desarrollo del proceso electoral en la zona.
De manera paralela, la Comunidad Nativa Setenta, ubicada en el río Apaga, denunció durante una asamblea el incumplimiento en el pago a trabajadores locales que participaron en labores de limpieza tras los derrames de hidrocarburos.
Asimismo, señalaron que las acciones de remediación ambiental se encuentran paralizadas, lo que agrava el impacto en sus territorios y en las condiciones de vida de la población.
Ambas comunidades responsabilizaron directamente al Gobierno Nacional por la ruptura de la paz social en la zona, advirtiendo que la falta de atención a sus demandas ha incrementado la tensión.
Frente a este escenario, los pobladores indicaron que el ejercicio del derecho a la protesta se ha convertido en su último recurso para defender su territorio, su dignidad y la vida de la niñez indígena afectada por la contaminación. (K. Rodriguez)
