- Vía interprovincial posiblemente vaya a cruzar por medio de esta comunidad
Desde que se dio inicio a los trabajos del primer tramo de la carretera que proyecta unir la ciudad de Iquitos, desde Bellavista-Nanay, con la ciudad de El Estrecho, en la provincia del Putumayo, los iquiteños han aplaudido dicha obra porque así van saliendo del aislamiento en el que vive desde su creación como ciudad; pero, dicho mega proyecto pasará por diversos distritos y comunidades, entre los cuales se encuentra la comunidad nativa Centro Arenal, cuyos pobladores al esterarse que la carretera atravesaría sus territorios se opusieron rotundamente, generando así un conflicto social que no ha podido ser resuelto hasta la actualidad.
La comunidad nativa Centro Arenal se encuentra ubicada a aproximadamente 15 minutos de la ciudad de Iquitos. Cuenta con 1973 hectáreas tituladas y alberga registradas legalmente como nativos a 78 familias. Sus integrantes son parte de la familia etnolingüística huitoto muruy y los orígenes de la comunidad se remontan a los tiempos del cauchero Julio César Arana y los desplazamientos que realizaba llevando a los indígenas como mano de obra esclavizada.
El problema para la comunidad nativa Centro Arenal es que luego de terminar el puente, aunque se mencione que aún no hay una ruta definida para la segunda parte de la vía, se había anticipado que cruzaría la comunidad y por eso, personas del caserío Picuro Yacu invadieron 68 hectáreas de su territorio, instalándose allí, deforestando bosques, construyendo casas e incluso solicitando títulos de propiedad.
Cuando esté concluida, la carretera Bellavista – Mazán – Salvador – El Estrecho tendrá 167.3 km y, partiendo de Iquitos, llegará hasta la frontera con Colombia. Actualmente los trabajos se concentran en la primera parte del proyecto: la construcción del puente Nanay, que va a cruzar el río del mismo nombre y unir Bellavista con Santo Tomás, en el distrito de Punchana, provincia de Maynas (Loreto). El problema para la comunidad nativa Centro Arenal es que luego de terminar el puente, aunque se mencione que aún no hay una ruta definida para la segunda parte de la vía, se había anticipado que cruzaría la comunidad y por eso, personas del caserío Picuro Yacu invadieron 68 hectáreas de su territorio, instalándose allí, deforestando bosques, construyendo casas e incluso solicitando títulos de propiedad.
Roger Gatica, Apu de la comunidad nativa Centro Arenal, reclama el derecho que tienen de que las obras se realicen pero con el conocimiento y consentimiento de la comunidad en caso la carretera vaya a pasar por su territorio.
“Nosotros no nos oponemos a los proyectos. El problema es que ellos han violado el territorio sin consultarnos. No nos oponemos al desarrollo de nuestro país, de nuestros pueblos, pero tiene que ser por la vía legal. El desarrollo de los pueblos nos favorece, el desarrollo de una carretera nos favorece. Sabemos que a esta carretera todo el mundo la está mirando porque va a ser un proyecto que va a generar muchas cosas: ventajas y desventajas”, expresó Gatica.
Los pobladores de la comunidad nativa Centro Arenal cuando se enteraron del proyecto de carretera, realizaron una inspección en el área y vieron que la vía que conduce al citado pueblo había sido ampliada con maquinaria pesada. Intentaron frenar esos trabajos y no pudieron. Luego averiguaron que, según la ley, los pueblos indígenas con territorios comunales deben ser consultados en caso de proyectos que afecten sus territorios. Acudieron a la Defensoría del Pueblo para exigir información al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Allí les dijeron que solo tenían definida la ruta del primer tramo: el puente Nanay, y luego de cruzar el río no estaba definido el trazo de la carretera. El proceso siguió con una denuncia al responsable de Provías Descentralizado, quien les había dicho que si se trataba de una vía nacional no hacía falta realizar consulta previa. En ese momento reaparece el problema de territorio con el caserío aledaño de Picuro Yacu.
Federico Contreras Espinoza, especialista legal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), señaló que las autoridades comunales han recurrido a diferentes instancias de justicia, llegando hasta la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, donde han presentado los reclamos y denuncias correspondientes. Sin embargo, “el tiempo ha transcurrido y la población se siente desprotegida, teniendo como principal problema el trazo de la carretera, que corta la comunidad nativa y está conllevando la usurpación y deforestación de su territorio comunal. Además, provoca el enfrentamiento entre los foráneos con los miembros de la comunidad por el uso del territorio. A pesar de ser de conocimiento de Provías Descentralizado, muy poco se ha hecho por atender la demanda de la comunidad y en especial al desarrollo del proceso de consulta previa. En ese sentido, resulta de vital importancia poder respetar los derechos ancestrales de este grupo humano que está a minutos de la ciudad de Iquitos. (R. Graicht)
