-Defensoría recomienda establecer sanción penal al trabajador que permita el ingreso de armas y artículos prohibidos
Adoptar medidas concretas para erradicar la corrupción alojada al interior de los establecimientos penitenciarios, es lo que viene recomendando la Defensoría del Pueblo, ya que este mal endémico afecta a los derechos fundamentales de la comunidad carcelaria, al principio de autoridad, así como a la propia seguridad ciudadana.
Indican que un 64.61% de la comunidad carcelaria asegura que sí existe corrupción al interior de los penales, y que ésta suele generarse durante la tramitación de beneficios penitenciarios, la clasificación y ubicación de los reclusos, la concesión de servicios y el otorgamiento de permisos para visitas, según se señala en el Informe Defensorial N° 154, «El Sistema Penitenciario: componente clave de la seguridad y la política criminal. Problemas, retos y perspectivas», presentado recientemente.
«El problema de la corrupción en las cárceles se encuentra institucionalizado en el sistema penitenciario, por lo que debe ser atendido con urgencia para mejorar la administración carcelaria en todo el territorio nacional», explican a través del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo, a cargo de José Ávila.
Sostienen que es necesario incorporar una sanción penal para el funcionario o servidor que permita el ingreso de artículos prohibidos a los penales. De igual forma, se requiere poner en marcha un Plan de Trabajo para combatir de manera eficaz la corrupción, mediante acciones de inteligencia y operativos permanentes en las cárceles.
Están de acuerdo con la aprobación de un «Código de Ética del Servicio Penitenciario», destinado a definir los principios éticos de la función penitenciaria, así como la forma en que se debe manejar la relación con los privados de libertad y con la sociedad. (MIP)
