El Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Loreto, conformado por la Dra. Marjorie Vásquez Vásquez, la Dra. Gladys Vásquez Pinedo y el Dr. Elmer Jaramillo Marín, decidió imponerle una sanción ejemplar al abogado Carlos Andrés Burgos Huapaya. Esta sanción determina una suspensión en el ejercicio profesional por el plazo de dos años, durante los cuales no podrá ejercer la abogacía en ninguna forma: patrocinar, representar o asistir procesalmente a terceros; ostentar el carácter de abogado en actos públicos o privados relacionados con la profesión; emitir documentos profesionales; ni inscribirse para ejercer funciones que requieran habilidad profesional. Esta prohibición rige dentro del ámbito nacional, en aplicación de los artículos 72 y 73 del Reglamento del Procedimiento Disciplinario.
Esta medida disciplinaria y ejemplar, emitida por el Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Loreto, marca un antes y un después en la práctica profesional de la abogacía en la región Loreto. Los hechos acreditados no dejan espacio a la duda: el letrado, hoy suspendido, actuó en un evidente conflicto de intereses, defendiendo a sus propios coinvestigados en una causa penal en la que él mismo figura como investigado. Este comportamiento prohibido expresamente por el artículo 38 del Código de Ética quebranta los principios básicos de independencia y lealtad profesional. En cualquier país con instituciones sólidas, una falta de ese tipo bastaría para suspender, e incluso expulsar, a quien olvida que el Derecho no es un negocio, sino una responsabilidad social.
Asimismo, durante la investigación ética, el abogado reconoció abiertamente no emitir recibos por honorarios, afirmando que cobraba sus servicios mediante transferencias electrónicas y pagos directos sin comprobante. Este hecho, calificado por el Comité como de “mayor gravedad”, no solo vulnera la ética profesional (artículo 53 del Código de Ética), sino que podría configurar una infracción tributaria susceptible de investigación por parte de la SUNAT o el Ministerio Público. Un abogado que desconoce o elude sus obligaciones fiscales se convierte en aquello que debería combatir: un infractor de la ley.
Durante la audiencia disciplinaria del 9 de septiembre del presente año, terminó por revelar el verdadero rostro de la inconducta. Burgos Huapaya interrumpió reiteradamente, alzó la voz y desafió la autoridad del Comité de Ética, llegando incluso a advertir que grabaría la sesión para “tomar acciones”: una actitud abiertamente intimidatoria. Su conducta fue calificada como un atentado contra la dignidad institucional y generó una afectación directa a la presidenta del Comité, quien fue objeto de su falta de respeto. El Consejo lo deja por escrito: no fue un incidente aislado, sino una muestra de arrogancia reiterada y desprecio por la autoridad profesional.
Pero hay un dato que no debe pasar desapercibido y que es muy importante resaltar: ¿quién es el abogado Carlos Andrés Burgos Huapaya? Anteriormente fue suboficial de segunda de la Fuerza Aérea del Perú, pasado al retiro por no alcanzar vacante en el proceso de ascenso. La razón: haber acumulado más de 90 días de arresto simple en menos de un año, producto de sanciones disciplinarias. Ese antecedente revela un patrón persistente de indisciplina, desafío a la autoridad y falta de respeto por la jerarquía, que hoy se refleja en su conducta como abogado. Asimismo, está involucrado en un proceso de investigación por pertenecer a una organización delincuencial que operaba en el robo de piezas de los aviones del Grupo Aéreo N.º 42, en la ciudad de Iquitos. Acción alarmante que viene llevando su debido proceso judicial junto a otros implicados, que están plenamente identificados y que fueron expulsados de la institución militar.
(Jorge Linares.)
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Colegio de Abogados de Loreto inhabilita al abogado Carlos Burgos Huapaya
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