- Josué Peñaherrera Ynuma, interpuso la denuncia ante la presidenta de la junta de fiscales superiores de Loreto.
Ayer en la mañana, luego de enterarse a través del Facebook del consejo regional que transmitía en vivo la primera sesión ordinaria; el ciudadano redactó su denuncia y la presentó ante el ministerio público.
“Por intermedio del presente escrito formulo denuncia penal contra los consejeros: Marco Antonio Camones Mendoza, Luis Cárdenas Manuyama, Carlos Molano Acosta, Luisa Huansi Romero, Gilma Saldaña de Panduro, Junior Pinedo Macedo, Lázaro Gamboa Talaverano, Ribelino Rengifo Rodríguez, Rey David Gamarra Pinedo, Marcial Barbarán Levy y José Villasis Ruiz, por la comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales”, suscribe Peñaherrera.
Resume la petición del consejero regional Genaro Alvarado, quien solicitó se cite al gerente de administración, al gerente de planeamiento, presupuesto e inversión pública, a fin que informen por la falta de pago a las empresas contratistas, por lo que las obras han sido paralizadas.
Tampoco aceptaron que se cite al director de la Ugel de Datem del Marañón, así como al director de la red de salud de esa provincia, quien tiene denuncia grave por presunta corrupción, siendo que en votación la mayoría desestimó que se le invite a rendir cuentas ante el consejo regional de Loreto. Y eso que el pedido se está dando por sexta vez y nunca acude el funcionario, faltando el respecto a dicho consejo.
“El Reglamento Interno del Consejo Regional, establece que los consejeros y consejeras, ejercen individualmente funciones fiscalizadoras del gobierno. Estas funciones y los actos que realicen en su ejercicio, no pueden ser materia de limitación, retardo, ni obstrucción por ninguna autoridad o persona. Cumplen estas funciones fiscalizadoras a través de comisiones o individualmente, pudiendo efectuar requerimientos a la administración regional para que obligatoriamente informe sobre aquellos asuntos que demanden su intervención.
Es preciso señalar señora fiscal, que las solicitudes para que los funcionarios del gobierno regional de Loreto, informen a los consejeros regionales, no pueden ser llevados a votación ya que dichos pedidos constituyen acciones de fiscalización, que es una atribución inherente de cada uno de los consejeros regionales.
Por lo que, al votar en contra estarían transgrediendo la atribución conferida por ley y estarían omitiendo funciones propias conferidas por ley y por la voluntad popular del pueblo que les eligió; así como el reglamento interno que rige el actuar del consejo regional de Loreto”, puntualiza el denunciante, agregando que con lo ocurrido en la primera sesión ordinaria, queda demostrado que varios consejeros obstaculizan la función de sus colegas cayendo en el presunto delito de omisión, rehusamiento y retardo en sus funciones. (LMHL).