- Jornada organizada por la Cancillería Iquitos reunió a diversas entidades del Estado para fortalecer capacidades institucionales en zonas de frontera

La Oficina Desconcentrada del Ministerio de Relaciones Exteriores en Iquitos organizó una jornada de capacitación dirigida a funcionarios de instituciones clave en la atención a personas refugiadas y la lucha contra la trata de personas en zonas de frontera. La actividad tuvo como objetivo reforzar la articulación interinstitucional y la aplicación efectiva del marco normativo vigente.
Participaron representantes de la Jefatura Zonal de Migraciones, la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Loreto, quienes compartieron experiencias y conocimientos sobre los desafíos que enfrentan en la región en el tratamiento de estos temas.
El evento se realizó en el auditorio de la Intendencia de Aduana de Iquitos y contó con el apoyo técnico de la Comisión Especial para los Refugiados (CEPR). Durante la jornada, un especialista de dicha comisión explicó los principios fundamentales de la Ley del Refugiado (Ley N.º 27891), haciendo énfasis en los criterios de elegibilidad, las garantías de no devolución y los derechos que asisten a quienes solicitan refugio en el Perú.
Asimismo, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Loreto presentó una exposición detallada sobre este delito, abordando las principales modalidades de captación, factores de riesgo en la región, mecanismos legales de protección y estrategias de persecución penal contra redes de trata.
La capacitación forma parte de un esfuerzo conjunto entre diversas entidades públicas para promover el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales en derechos humanos, particularmente en contextos sensibles como las fronteras amazónicas, donde estos delitos son más difíciles de detectar y combatir.
Con esta iniciativa, la Cancillería en Iquitos reafirma su compromiso con la protección de personas vulnerables, fortaleciendo las capacidades del Estado para brindar una atención integral y garantizar respuestas coordinadas, con enfoque humanitario y de derechos.
(K. Rodriguez)





