Buena iniciativa

El gobierno aprobó medidas extraordinarias de austeridad y eficiencia en el gasto público para fortalecer la disciplina fiscal y cumplir la regla fiscal de 2,2 % del PBI al 2025. Al respecto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que estas acciones permitirán generar ahorros estimados en 1,200 millones de soles durante el presente año fiscal 2025, priorizando el uso responsable de los recursos del Estado.
Evidentemente, que esto es una buena iniciativa del MEF que está haciendo su parte, pero no basta, y pensamos que se deben tomar otras acciones de control, supervisión, sanciones administrativas, y penales, correcciones, y medidas preventivas a través de modificaciones de leyes y reglamentos, para impedir que la corrupción siga desviando millones de soles de los recursos del Estado, para objetivos particulares y de grupos políticos.
Mientras esto no se ordene y se actúe con firmeza, las medidas de austeridad, que dicho sea de paso se dan desde hace veinte años, si no, es más, cualquier esfuerzo de la entidad de la economía del país, será en solitario, desligado de otras medidas que no se dan, y que por lo tanto miles de millones se van a un pasivo irrecuperable.
Así las medidas de austeridad parecen un paliativo, que no ayudan a disminuir la pobreza y extrema pobreza en el país, pero sí sirven para que en el papel y estadísticas se muestre un crecimiento que no alcanza a la mayoría de peruanos. Y es que frente a los recursos económicos y de materia prima que se maneja en nuestra nación, no justifica que estemos en una situación tan grave. Desde el exterior no se explican cómo puede suceder ello. Es que el nivel de corrupción en la política de gobiernos, es altísimo.
Solo una muestra, esta actual norma de austeridad en materia de inversión pública, dispone priorizar proyectos con expediente técnico aprobado o contrato suscrito, garantizando la continuidad de obras y evitando nuevos compromisos sin respaldo técnico o presupuestal. Pero, en Iquitos, en Loreto en general, en el país, ¿cuántas obras paralizadas hay? ¿cuántas han recibido parte del presupuesto y su avance físico no justifica? ¿cuántos deben en las obras a sus trabajadores a pesar de haber recibido el dinero? Entonces no es solo un asunto del MEF, sino de una política general de gobierno, que sigue permitiendo con un descaro el pillaje de los recursos del Estado.