Las obras inconclusas, las obras fantasmas, los obras que en el papel iniciaron, pero apenas le pusieron el primer ladrillo, las obras que están en arbitraje, y otras figuras más que muestran la ineficiencia del Estado a través de sus normativas o la corrupción no permite un trabajo serio y eficiente.
Todo está normado, pero no se cumple en la medida que se puedan realizar correcciones inmediatas, vale decir que si una obra presupuestada ha iniciado está garantiza su culminación, pero si eso no sucede es por los vicios que se presentan en el camino bajo la presunción de actos de corrupción como el pago del 20% de coima que la empresa tiene que pagar.
Desde ese momento se hacen tirantes las relaciones entre empresa privada y entidad estatal, no será en todos los casos, pero los retrasos y el gran número de las obras inconclusas son una muestra que el sistema de corrupción sigue afectándonos, porque luego de las denuncias del caso los procesos se alargan mientras los “delincuentes políticos” disfrutan del daño causado a la ciudadanía en general.
El tema está en eso, en que los responsables sean investigados y sancionados con la celeridad que las circunstancias actuales ameritan para devolverle la confianza a la población y que los culpables devuelvan el daño ocasionado.
Pero, los gobiernos de turno insisten en crear más instancias en lugar de reforzar el accionar con los que se cuenta. Acaba de suceder con la aprobación en la Comisión Permanente del Congreso, del dictamen de la ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), como resultado de un trabajo técnico, cuyo papel aguanta todo sin importar crear paralelismos.
Señalan que es el resultado del trabajo técnico conjunto entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, y que ayudará a cerrar las severas brechas de infraestructura que existen en el Perú y que representa un importante paso en la reforma del Estado y el inicio de grandes obras que el país. Pero, ahí están grandes obras inconclusas, nosotros tenemos acá el alcantarillado de Iquitos, dónde están las autoridades nacionales para acelerar la solución que requieren, al margen del proceso judicial a los responsables de la aberración. Así aumenta la burocracia y la eficiencia del Estado sigue siendo un sueño ciudadano.
Brechas de infraestructura
