- Comunidades exigen presencia de la Contraloría y Fiscalía Anticorrupción desde Lima por presunta desconfianza en instancias locales.
La Defensoría del Pueblo en Loreto confirmó que la población indígena shawi del distrito de Balsapuerto mantiene una disposición al diálogo luego de la intervención realizada esta semana en la zona. El jefe defensorial, Abel Chiroque, informó que una comisión se desplazó hasta el lugar para recoger directamente las demandas de las comunidades y promover una salida pacífica al conflicto social que se prolonga en la provincia de Alto Amazonas.
De acuerdo con el funcionario, durante las jornadas del miércoles y jueves se evidenció que los dirigentes y apus insisten en la presencia de la Contraloría General de la República y de la Fiscalía Anticorrupción provenientes de Lima. La exigencia responde a la desconfianza que manifiestan hacia las instancias locales y regionales. La Defensoría indicó que este pedido ya fue trasladado formalmente a las entidades competentes para su evaluación.
Chiroque precisó que uno de los principales cuestionamientos de la población está relacionado con el uso de recursos municipales. Según detalló, solo en el mes de enero se habrían pagado 19 expedientes técnicos por un monto de 43 mil soles cada uno, mientras que otros seis se encuentran en proceso, lo que en conjunto superaría el millón de soles. Los dirigentes comunales sostienen que no fueron informados ni consultados sobre estos proyectos, situación que ha incrementado el malestar social.
Como parte de los buenos oficios de la Defensoría del Pueblo, se logró persuadir a los manifestantes para restablecer los servicios de educación y salud, que habían sido paralizados por la medida de fuerza. Con este acuerdo, las instituciones educativas podrán iniciar el proceso de matrícula y el establecimiento de salud retomará la atención regular, aunque la protesta se mantiene de forma vigilante en la plaza principal del distrito.
El jefe defensorial señaló que la población permanece atenta a la eventual llegada de una comisión de alto nivel desde la capital en los próximos días. En esa línea, la Defensoría ya remitió el acta de acuerdos a la Contraloría General de la República y continúa articulando coordinaciones para canalizar las demandas dentro del marco legal vigente.
Asimismo, Chiroque remarcó que el rol de la Defensoría es garantizar que se respete el derecho a la protesta pacífica, pero también asegurar la continuidad de servicios esenciales para la población, especialmente en territorios indígenas donde las brechas de atención estatal son históricas.
Finalmente, anunció que desde la próxima semana la Defensoría del Pueblo iniciará atención permanente en la provincia de Alto Amazonas mediante la designación de una comisionada residente, además de la próxima apertura de un módulo defensorial en Datem del Marañón. La institución reiteró que el diálogo y la presencia del Estado son claves para evitar una escalada del conflicto en Balsapuerto. (K. Rodriguez)
