- No se aceptó la inclusión de un nuevo elemento de prueba presentado por la Fiscalía
- “El fiscal confunde el término endeudamiento con contrapartida”, dijo Yván Vásquez
- Continuación del juicio será el martes 18 de octubre
Desde las nueve de la mañana de ayer, en la sala de audiencias del área laboral de la Corte Superior de Justicia de Loreto, se llevó a cabo la continuación del juicio oral por el caso del alcantarillado, bajo la conducción del juez unipersonal Neil Chumbe Silva.
Luego de la presentación de las partes y el resumen de la audiencia anterior, el investigado Yván Vásquez solicitó de manera voluntaria declarar ante los integrantes del Ministerio Público, Paul Peralta Chota, del juez unipersonal, de los abogados defensores y del representante de la Procuraduría Anticorrupción de Loreto.
En esta audiencia, el fiscal solicitó que se incorpore como nueva prueba al proceso la carpeta No. 011-2014-MP, por lo que los abogados defensores en su intervención dijeron que la petición fiscal es extemporánea. El juez Neil Chumbe, luego de una evaluación al expediente, indicó que no existe coherencia en la fechas, además que el derecho a la prueba tiene protección constitucional y conforme el CPP se debe ofrecer nuevos elementos de prueba y en la posición fiscal no se puede establecer el orden, por lo que se emitió la resolución que declara como inadmisible la presentación de nuevas pruebas presentadas por el fiscal.
El investigado Yván Vásquez, en su intervención hizo una especie de recopilación por este sonado caso, entre otras cosas dijo que, “se debe aclarar el término endeudamiento versus el término contrapartida, pues la ley general de endeudamiento No. 28563 define como el financiamiento, como es este caso, sujeta a reembolso. En la acusación fiscal en el momento que se precisa de supuesto de que se habría utilizado más del treinta por ciento del canon petrolero para pagar la deuda de la obra, se confunden absolutamente los términos, porque hay que marcar la diferencia de la deuda en su inicio que es parte del DS 165-2011, en donde se aprueba el endeudamiento; es decir, la deuda lo asume el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la dirección general de endeudamiento, y tiene un procedimiento de pago independiente.
Posteriormente, surge el contrato que lo suscribe el gobierno peruano y la Cooperación Internacional Japonesa que es la entidad que presta al Perú una cantidad determinada de dinero para la ejecución de la obra y posteriormente la ley de presupuesto 22289 del año 2009, precisa que faculta al MEF para que los gobiernos regionales tengan facultad de endeudamiento para obras de impacto regional en donde se indica que no se debe superar el treinta por ciento del canon.
El DS- 086 -2009 establece el endeudamiento por canon y marca la diferencia entre deuda y contrapartida. A partir del sexto año de firmado el contrato recién se pagará el capital de la deuda; sin embargo, el señor fiscal confunde la suma de contrapartida con deuda y señala un monto que supuestamente se habría pagado el año 2010, lo que es absolutamente falso, pues el propio MEF señala que ese año se pagó de deuda el 0.22 % porque no se podía pagar más, además las contrapartidas no tienen límite presupuestal y cientos de obras a nivel nacional estarían paralizadas”.
El tema vinculado a una supuesta colusión con el ciudadano Ricardo Rojas, Yván Vásquez dijo que no lo conocía y que no tiene ningún indicio que pudo estar al lado de esa persona en esos años, “además el señor Rojas sabrá explicar en sus momento como ha donado el perfil y esto no ha sido pagado, entonces de qué colusión se puede hablar, sino hubo daño al Estado, además ese perfil ha sido recepcionado por el Gorel y tramitado al OPI del Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Economía, para luego seguir su proceso tal como manda la Ley”.
Posteriormente a la intervención de Yván Vásquez, el fiscal Paul Peralta le hizo más de veinte preguntas como qué cargo ocupó el año 2009, experiencia laboral en la administración pública, quién era la autoridad más alta del Gorel, entre otras preguntas, que en algunas oportunidades han sido objetados por el abogado defensor del ex presidente regional. La intervención de las preguntas formuladas a Yván Vásquez por parte del fiscal duró aproximadamente una hora y treinta minutos.
La audiencia tuvo un receso a las 10:30 de la mañana, para continuar a las 10.45 am, por lo que también hicieron uso de la palabra e ex gerente regional Roy Meza Meza, así como el investigado Carlos García Otero, quien se presentó a esta audiencia luego de no asistir a la primera citación por enfermedad.
Luego de más de cerca de cuatro horas de la realización de esta segunda audiencia de juicio oral por el caso del alcantarillado, el juez determinó que la próxima se debe realizar el martes 18 a las nueve de la mañana. (Gonzalo López)
