Por: Aída Gamboa
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales
Desde 2005, el Perú es parte de los 41 países que voluntariamente implementa la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI), que reúne a gobiernos, empresas extractivas y sociedad civil, para emplear criterios de transparencia en los pagos de dichas empresas a los gobiernos y en los ingresos que éstos reciben de aquéllas, con el fin de que tales recursos fomenten un desarrollo adecuado en cada país miembro.
Con el Informe EITI Perú 2011-2012 (III Estudio de Conciliación Nacional), publicado en febrero último, se ha logrado sistematizar la información fiscal de 2004 al 2012. A pesar de los avances, el conocimiento en los funcionarios y ciudadanía de los compromisos asumidos es casi nulo, por lo que quedan retos pendientes para fortalecer la EITI.
Un primer reto es la elaboración del IV Estudio de Conciliación Nacional 2013-2014, que incorporaría el nuevo estándar internacional: publicar información del 100% de empresas mineras e hidrocarburíferas que operan en el país con sus gastos desagregados (empresa por empresa).
Otro es establecer y consolidar iniciativas EITI regionales para que no suceda lo del Grupo Provisional EITI–Cajamarca (2008), sin continuidad; ni lo de la EITI–Loreto que a pesar de su aprobación (2012) fue rechazada por funcionarios del gobierno regional (ante la falta de coordinación con el MINEM) y hoy nuevamente se piensa reimpulsar si se modifica su ordenanza regional. Se espera no ocurra lo mismo con la constitución de las EITI en Moquegua y recientemente en Piura. Estos espacios deberán publicar los flujos de pagos tributarios (impuesto a la renta) y no tributarios (regalías, canon y sobre canon) de las empresas extractivas y sus transferencias a cada una de las instituciones involucradas, así como el uso de dichos recursos.
Incorporar mecanismos de participación, coordinación intergubernamental, acceso a la información y difusión para la construcción de EITI–Perú contribuirá a generar confianza ciudadana sobre el manejo de los recursos provenientes de las actividades extractivas que sirvan para atender las necesidades claves de los ciudadanos y prevenir la corrupción, de lo contrario la iniciativa no tendrá impacto real en la población, sector extractivo y gestión del Estado.
