- En lo que va del año el atentado al patrimonio nacional del ONP ya contabiliza 10 cortes.
En lo que va del año, el atentado al patrimonio nacional del ONP ya contabiliza 10 cortes en el tramo I (306 km) y el ramal norte (252 km) con los consiguientes daños irreparables a los medios de vida humana y natural, requiriendo atención inmediata y movilizando recursos para contener y recuperar sitios afectados.
Es la información alcanzada por el economista e investigador Roger Grández Rios, en una de sus publicaciones virtuales de Prospectiva Amazónica, donde parte del atentado al Oleoducto Nor Peruano y luego profundiza en el fideicomiso y la participación indígena. Nos señala:
“El último atentado al viejo e inoperativo Oleoducto Nor Peruano (ONP) operando desde 1998 por debajo de nivel mínimo de diseño de eso ya 24 años, y su débil nivel de atención en términos de mantenimiento operativo con requerimiento mayor de inversiones que es proporcional al volumen de transporte de petróleo por los 1,106 km de extensión de tubería tendida: menor producción de petróleo (y de transporte), mayor es el costo de manteniendo y de tarifa.
Desde el 2020 la actividad petrolera en los campos de producción del Lote 1AB (marzo) y Lote 8 (desde el 21 de abril) se encuentran paralizadas, y desde entonces el número de protestas sociales organizada desde las federaciones indígenas y los atentados al viejo ONP no se paralizaron, al contrario continuaron en ascenso, frente a un gobierno nacional impotente por tratar de atender demandas históricas, tan elementales como la vida misma.
Ese vacío de atención fortaleció a las organizaciones indígenas y crearon un frente político que tiene acogotado al gobierno nacional en todas sus instancias.
Frente a la disposición de la Ley 31538 (30/07/2022) de crear un mecanismo de atender al PCB con recursos presupuestales de S/200 millones anuales a partir de 2023, canalizándose por el fideicomiso constituido bajo la Ley 30897, para que los gobiernos locales del ámbito del circuito petrolero e identificados en el PCB (DS 145-2020-PCM) conjuntamente con el representante de la entidad fiduciaria (la entidad financiera) quienes formarían el Consejo Directivo y decidieran, en un acuerdo consensuado, la prioridad y uso del recurso financiero destinado exclusivamente para atender las necesidades de las poblaciones que viven en las zonas afectadas;
el representante por Loreto en el parlamento presentó el 16 de setiembre el proyecto de Ley N°3084-2022-CR, que entre otras cuestiones, plantea la incorporación en el Consejo Directivo (donde se va priorizar las inversiones) a tres representantes de las comunidades nativas, bajo el patrocinio de la organización política de los Pueblos Afectados por la Actividad Extractiva -PAAE, que el 1 de agosto de 2022 realizó observaciones a la séptima y octava disposición complementarias y modificatorias de la Ley 31538.
Si se aprueba el PL presentado por el congresista Morante, los dirigentes políticos del PAAE (antes PAAP), en particular en la nominación de los integrantes del Consejo Directivo (plantean un fideicomiso distinto al de la Ley 30897), van a tener el control (aunque no nominal) de las decisiones de las prioridades de los proyectos de inversión y de los S/200 millones anuales con la posibilidad de incrementarse ante la opción de que los gobiernos locales puedan endeudarse con garantía del fondo del PCB.
La propuesta planteada en el PL 3084/2022-CR esta hecho a la medida de las necesidades del grupo político PPAE y no para atender a las poblaciones que viven y sufren la indiferencia de un estado mezquino y asesino. La alternativa de una elección democrática de un representante de las cuencas de los ríos Marañón, Tigre y Pastaza donde se concentran los sitios impactados; y una forma de rendición de cuentas de todo lo actuado como lo está haciendo el Fideicomiso del Fondo Social del Lote 192, sería lo más ideal y prudente”.
(DL)
