Estamos ya en el mes de julio del 2010, y nos encontramos con que ya en la mitad del año declarado por la ONU como Año Internacional de la Biodiversidad, tenemos que reconocer que en lo que va de esta primera década del siglo XXI, poco o nada se ha hecho en procura de un acuerdo vinculante mundial, para que los países asuman acciones concretas que tengan que ver con el cambio climático.
La cita de Copenhague pudo haber sido determinante, sin embargo no llenaron ni mínimamente las expectativas cifradas en dicha cita; por ejemplo el Perú, país cuya atmósfera recibe abundante emisión de gases de efecto invernadero, producto de la deforestación y el cambio de uso del suelo, buscaba que durante la cita se aprobaran sistemas de compensaciones para la conservación de bosques, sin embargo no ocurrió,
increíblemente por falta de consenso de diversos países. Bajo tal panorama y estando cerca la próxima reunión en México, sus resultados se perciben poco alentadores.
En cuanto al Perú, según la revista especializada «Regiones sostenibles» del mes de mayo, señala que durante la década ha logrado importantes avances en torno a la conservación y gestión de nuestra biodiversidad.
La cobertura del sistema de áreas naturales protegidas se ha duplicado de 10 a 19 millones de hectáreas y los gobiernos regionales, en el marco del proceso de descentralización, han promovido el establecimiento de 5 áreas de protección regionales y han creado sistemas regionales de conservación durante su gestión.
También, agrega la citada publicación, el presupuesto para el sistema nacional de áreas protegidas ha aumentado durante lo que va de la década y ya se cuenta con un Plan Director actualizado que establece lineamientos a largo plazo para la gestión de estas importantes zonas.
Debe señalarse el importante aporte de la sociedad civil que ha aportado lo suyo en la tarea de relacionarse de una manera armoniosa con nuestro entorno natural, a través de diversas herramientas legales, como los contratos de administración de áreas naturales protegidas, los contratos de aprovechamiento de recursos naturales renovables, sumándose a esto las concesiones para conservación de las áreas privadas, promoviendo negocios sostenibles.
