- Declaró el Dr. Alberto Niño de Guzmán Sánchez, presidente de la junta de fiscales superiores de Loreto.
Esto ante las muchas críticas que viene recibiendo el ministerio público frente a los aparentes pocos resultados que tiene por exhibir en la lucha contra las acciones delictivas.
“En el año 2021 el ministerio público ha tenido muchos logros. Más de 120 prisiones preventivas, mil sentencias, entre otros. Quizá la población desconoce, pero, así como hay aciertos fiscales, también hay comentarios adversos.
Y es que, así como hay fiscales que hacen un mal trabajo a la vez, también hay fiscales proactivos que laboran a conciencia, que hacen bien su labor y logran buenas sentencias. Eso está en los resultados, en las estadísticas” puntualizó el magistrado.
¿Usted visitaba inopinadamente las fiscalías (cuando había mayor trabajo presencial) o los dejaba en plena autonomía?
-La fiscalía superior tiene la labor de supervisión sobre el trabajo de los fiscales. Los fiscales son autónomos, así lo establece el Art. 5 de la ley orgánica del ministerio público y el Art. 60 del nuevo código procesal penal.
Tienen su propio criterio y no puede ser influenciado por ninguna autoridad, ni por el presidente de la junta de fiscales o de la fiscalía de la nación. Sin embargo, eso no quiere decir que haya una anarquía, un desgobierno.
La gente observa que no hay precedentes de investigaciones prolijas que hayan llevado a personajes con cargos importantes, a pagar por sus presuntos delitos de corrupción en la cárcel…
-Sí hay precedentes con dos ex presidentes regionales sentenciados. Hay casos que siguen investigándose por lo que invoco a los fiscales anticorrupción que ven esos casos, a que pongan la debida diligencia. Se deben lograr los resultados que espera la ciudadanía y que ve esos retrasos con malestar.
Por otro lado, la corrupción, los ilegales de minería y otros delincuentes estarán aplaudiendo…casi todas las fiscalías están cerradas, hacen trabajo remoto que no es lo mismo, un atraso en esa lucha…
-El gobierno ha dispuesto el cumplimiento del decreto. El ministerio público hace un trabajo presencial del 20% de personal. Es decir, de unas diez personas, sólo asisten dos. Esto hasta que pase la crisis de la pandemia actual.
En el poder judicial están haciendo trabajo remoto al 100% hasta nuevo aviso. Son medidas adecuadas para resguardar la salud de todos. Pero que, es verdad, tiene incidencia en las investigaciones, demorando los casos. Esperamos que la pandemia sea superada lo más rápido posible.
