– Defensoría del Pueblo recomienda a la PCM
– Han transcurrido tres años desde la aprobación de la ley y su reglamentación aún continúa pendiente.
– Falta de políticas adecuadas ha originado que actualmente se hayan extinguido 37 lenguas indígenas.
El Defensor del Pueblo Eduardo Vega, recomendó a la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, aprobar el reglamento de la Ley Nº 29735 que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú. Tras destacar la existencia de dicha Ley, que ha permitido la ejecución de diversos instrumentos de gestión que vienen contribuyendo con la preservación de nuestras lenguas indígenas como el Mapa Lingüístico y el Documento Nacional de Lenguas Originarias, recordó que desde hace tres años está pendiente su reglamentación, lo que representa un obstáculo para su completa implementación.
Mediante oficio enviado a la PCM, señaló que la falta de políticas públicas adecuadas en materia lingüística ha generado que en la actualidad 37 lenguas se hayan extinguido y que la mitad de las 47 lenguas originarias que aún se usan en nuestro país, se encuentren en peligro de desaparecer, debido a que solamente son habladas por núcleos familiares o personas dispersas. Es el caso, por ejemplo, de la lengua Taushiro que tiene un solo hablante.
Asimismo, consideró que el proceso de fortalecimiento lingüístico debe estar acompañado de la promoción del uso de las lenguas originarias en espacios públicos que trasciendan a la escuela. “En la actualidad, en muchas zonas de nuestro país la atención en las instituciones públicas se hace en castellano, a pesar de que existe un alto porcentaje de hablantes de una lengua originaria, limitando con ello, en muchos casos, el ejercicio de diversos derechos fundamentales”, señala en el documento.
Vega Luna indicó que para ello se requiere –también- fortalecer la coordinación y articulación entre los sectores Cultura y Educación, a fin de promover políticas públicas lingüísticas de manera descentralizada que permitan resguardar el derecho a no ser discriminado por hablar una lengua indígena y a ser atendidos en su lengua materna en todos los niveles del Estado.
Añadió que el reglamento de la Ley N° 29735 es una medida que genera cambios en la situación jurídica y en el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, por lo que su proyecto debe ser sometido a un proceso de consulta previa, de conformidad con las obligaciones derivadas del Convenio N° 169 de la OIT y de la Ley N° 29785, Ley de derecho a la consulta previa. El funcionario recordó que desde hace varios años, la Defensoría del Pueblo viene promoviendo la implementación de una política de educación intercultural bilingüe que permita que las lenguas sigan siendo aprendidas. “Una enseñanza simultánea en su lengua originaria y en castellano —con docentes preparados para tal fin y con materiales impresos en sus respectivos idiomas— permitirá a los estudiantes indígenas un mejor aprendizaje y promoverá un proceso de revitalización de dichas lenguas”, enfatizó.
