Apoyo a la policía

Todas las actividades de las entidades parten de un plan que incluye presupuesto, por lo que, en las zonas de emergencia por la inseguridad ciudadana, y las que todavía no han sido declaradas en tal condición, igual necesitan de recursos para poder reforzar el trabajo estratégico y de inteligencia para proteger a la población y reducir la criminalidad que nos está golpeando muy fuerte.
Por eso, es oportuno e importante que el Consejo de Ministros, liderado por la presidenta Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola, hayan aprobado en su sesión de ayer un decreto legislativo que modifica la Ley N.° 29010, para facultar a los gobiernos regionales y locales a disponer recursos a favor de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Durante la reunión explicaron que con esta medida quedan ampliados los supuestos de apoyo de los referidos niveles de gobierno hacia la PNP. De ese modo, no solo se incluye el tema de seguridad ciudadana, sino también formación policial, salud policial, así como investigación criminal y criminalística.
Del mismo modo, se incluye la posibilidad de financiar unidades de flagrancia, además de mejorar infraestructura y servicios, en beneficio de la población.
En la misma línea, el Ejecutivo aprobó la Política Nacional del Adolescente en Riesgo y en Conflicto con la Ley Penal al 2030, que apunta al fomento de programas focalizados en prevención social y la implementación de un modelo de justicia penal juvenil especializado.
Esta iniciativa, que apunta a la atención de adolescentes mayores de 14 años de edad y menores de 18, permitirá colocar en la agenda pública todas las intervenciones estatales para reducir la criminalidad juvenil y, con ello, interrumpir trayectorias delictivas de forma temprana.
Asimismo, facilita el monitoreo y la evaluación de las referidas acciones para conocer su estado actual y que el Estado pueda tomar decisiones informadas a futuro. Sin embargo, es importante precisar que el gobierno nacional no debe evadir que es el principal administrador de los recursos económicos del Estado, y por tanto corresponde también evaluar y ubicar fondos que puedan ser destinados los gorel y municipalidades del país, para la lucha contra la inseguridad ciudadana.