-Expresa Presidente de la Junta de Fiscales Superiores
-Agregando que esa premisa no es real y que faltan algunas adecuaciones de parte de los operadores de justicia.
En un grupo de los responsables de administrar justicia en Loreto viene surgiendo cierto grado de preocupación al ver que las personas detenidas por presunta agresión sexual contra niños, niñas y adolescentes en vez de ser encarcelados, al poco tiempo de las investigaciones son puestos en libertad.
Sobre esa preocupación se entrevistó el día de ayer al Dr. Alberto Gallo Zamudio, quien participó en la capacitación fiscal que se desarrolló en el auditorio del Ministerio Público, a fin que los fiscales continúen aprendiendo más sobre la buena utilización del Nuevo Código Procesal Penal.
«Si bien es cierto se necesita de celeridad, hay que agenciarse bien de las pruebas con las cuales demostrar al procesado que es el autor del delito o co-partícipe. El NCPP no es como antes que se generalizaba las imputaciones, ahora se debe ser más preciso y presentar hechos debidamente probados. Acá tiene que ver mucho el trabajo que hacemos con la policía nacional» mencionó Gallo Zamudio, para luego hablar sobre el tema de los presuntos agresores sexuales que salen en libertad.
«Se han dado normas en la Corte Suprema para orientar cómo resolver las presuntas contradicciones que se estarían dando con la aplicación de leyes correspondientes a la protección de niños, niñas y adolescentes respecto a su integridad sexual. No se dan nuevas leyes con la finalidad de mejorar el servicio de administrar justicia, cuya responsabilidad es del poder judicial, el ministerio público, el mismo Tribunal, queda que ellos mismos emitan sus decisiones orientadoras de cumplimiento y de acuerdo a la propia Constitución que permitan subsanar estos vacíos que existen en la Legislación.
Desde el inicio se ha analizado esa temática y aparentemente parecería que efectivamente la interpretación se daría en el sentido de estar creando cierta impunidad para el agresor, pero eso no es cierto tenemos que adecuar la interpretación que debemos hacer los operadores de la administración de justicia en relación a las decisiones que tomamos en relación a la responsabilidad y culpa del hecho. No es justo que cuando vamos al penal encontramos recluidos a gentes que no ha tenido un debido proceso, que no se les ha podido comprobar responsabilidad y por x razones esta ahí, inclusive siendo menores de edad», informó.
