Anular intermediarios

Según las autoridades nacionales no retrocederán en regular legalmente los servicios de tercerización, que a lo largo de muchos años viene perjudicando a los empleados que brindan un servicio por una cantidad, pero tiene que dejar una parte a la “empresa service” que los contrató.
Tan es así que el mismo ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas, afirmó que su sector no retrocederá 001-2022-TR que modifica el Decreto Supremo N° 006-2008-TR Reglamento de la Ley N° 29245 y del Decreto Legislativo N° 1038, que regulan los servicios de tercerización.
La norma precisa que la tercerización no se puede aplicar en las actividades neurálgicas o núcleo de negocio de las empresas y fija como plazo para la adecuación por parte de las empresas el 23 de agosto de 2022. Lo tienen claro, que si el Congreso de la República deroga el DS 001-2022-TR, su sector volverá a normar sobre las limitaciones de la tercerización en el núcleo del negocio.
La guerra a favor de los trabajadores que se han visto perjudicados y que actualmente siguen, ha sido declarada en el mejor de los entendimientos: “Si el Congreso deroga, nosotros no estamos impedidos de volver a normar, es un decreto supremo sectorial”.
Y cómo buscarán otras salidas, el ministro Salas, ha dicho que buscará el mecanismo de utilizar las facultades sectoriales, para poder volver a normar sobre la tercerización en el núcleo del negocio. “Para poder tener un dispositivo que de una u otra manera permita ver que esta es una situación (la regulación de la tercerización en el núcleo del negocio) que ya está puesta sobre la mesa y que tenemos que trabajarla y desarrollarla, no pensamos retroceder en esto bajo ninguna circunstancia”. Otra opción es que pueden acudir al Tribunal Constitucional para impugnar la ley que derogue el referido decreto supremo.
Vale decir que serán acciones paralelas, finalmente, de una u otra manera podrían evaluarse ambas, y no descartamos ninguna bajo ninguna circunstancia. Bueno, esta forma de contrataciones de empleo es claramente un enorme abuso, y es que, si el servicio establece un monto, reiteramos, una parte importante queda con la empresa beneficiada con la terciarización.
También se dijo como clarificando que no se trata de un ataque al sector empresarial comprometido con este tema para una posible ampliación del plazo de 180 días para que las empresas se adecúen al referido decreto supremo. El diálogo sigue y las presiones, igual. Se trata de aplicar lo justo para todos.