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ANP Iquitos pidió en protesta frenar proyecto que aumenta penas por difamación

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  • Periodistas se concentraron en la plaza de Armas para sumarse a la protesta nacional.


Los periodistas de Iquitos agremiados a la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) también se sumaron desde la ciudad loretana a la acción de manifestación en contra del proyecto de ley que pretende aumentar las penas por difamación.
La directiva y agremiados a la ANP en la ciudad de Iquitos, se concentraron en la plaza de Armas de la ciudad, en la intersección de las calles Putumayo con Arica, al frontis de la iglesia matriz, desde donde alzaron su voz de protesta y así sumar esfuerzos en contra de las posibles decisiones del poder Legislativo.
Esta medida de lucha fue convocada por diferentes gremios periodísticos del país, que tuvo como punto principal el frontis del Congreso de la República en la ciudad de Lima, hasta donde llegaron los representantes sindicales para expresar su malestar.
Según los voceros de diferentes sindicatos, el proyecto de ley que plantea incrementar la pena para el delito de difamación, es considerada la búsqueda de reprimir la labor de los informadores en todo el país.
La presidenta de la ANP, Zuliana Lainez, declaró a los periodistas tras la cita que les queda claro que el objetivo de “un proyecto así es robustecer un instrumento legal para intentar inhibir a la prensa en su trabajo”.
Explicó que en los últimos cinco años se han presentado 146 querellas contra periodistas peruanos, siendo los más visibles los casos de Christopher Acosta, denunciado por el empresario y gobernador regional César Acuña, y los reporteros Paola Ugaz y Daniel Yovera, denunciados por la organización religiosa Sodalicio de Vida Cristiana.
Lainez dijo que para los periodistas “el escarmiento es el proceso mismo, porque no es fácil tener que ir al tribunal, para intentar inhibirte de tu trabajo”.
Además, la dirigente gremial señaló que, en las regiones del país, “la mayor parte de los periodistas son autogestionarios”, es decir, se financian a ellos mismos, frente a los demandantes que suelen ser autoridades, funcionarios o allegados de los funcionarios locales o regionales.
El proyecto de ley que propone modificar las penas para delitos de calumnia y difamación fue aprobado en primera votación el pasado día 4 y debe ser ratificado u observado en una segunda votación del pleno.
(K. Rodriguez)

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