Angustia colectiva

El caso que estremeció Iquitos el último fin de semana cuando presuntamente ocurrió una violación sexual a una menor de 16 años, por parte de uno o hasta dos más menores de 17 años, sigue acumulando especulaciones o saliendo a la luz datos que estarían en la investigación fiscal en proceso.
El clamor es llegar a la verdad de los hechos, lo cual casi siempre se complica cuando la parte acusada cuenta con poderes en la ciudad, ya se dieron otros casos como el de una niña de 13 años fue violentada por un hombre muy adulto con poder económico, y finalmente el caso se perdió en el tiempo.
Otro caso de dos jóvenes introducidas en una camioneta a inicio de la década de los ochenta y violadas por varios hijos de personas respetables de Iquitos, como se señalaba como secreto a voces, pero no hubo ni siquiera denuncia por falta de economía para pagar servicio de abogado.
Otro caso de una joven de 18 años, apenas unos meses cumplidos, que todavía no había sacado su “libreta electoral”, y fue inducida a tomar cerveza en un restaurante que también en un costado funcionaba como hospedaje, y al parecer le pusieron un somnífero, fue violada y el agresor cuando la joven recuperó la conciencia le dijo que ella le ordenó que le hiciera el acto sexual. Increíble, pero la falta de economía para abogado, y “vergüenza”, quedó el hecho en un caso más, no registrado, de violación sexual contra mujeres.
Y podríamos ir relatando tantas historias más de la violencia sexual del pasado y del presente, donde se interponen una serie de situaciones sociales, económicas, policiales, fiscales, judiciales, y hasta de creencias religiosas, para que la justicia no llegue a las agraviadas. Y en varios casos las mujeres por cierto sector de la sociedad pasan de víctimas a acusadas, diciendo que tienen la culpa de lo que les pasó, que son “calzón flojo” y otras expresiones irreproducibles. Esto es aberrante.
Sin embargo, deben seguir haciéndose los esfuerzos desde todos los actores involucrados, principalmente del entorno de las víctimas y la sociedad civil que respalda, para que se cumpla la ley aplicándose las penas que correspondan, sin distinguir posiciones sociales. Tenemos el deber de contribuir a que se construya una cultura ciudadana donde la justicia debe medir a todos por igual, previa investigación probatoria. Es la forma.