- Por derrame de petróleo en el Lote 8
A través de su organización ACODECOSPAT, las comunidades La Petrolera y Santa Teresa han solicitado al MINAM, al MINSA, al INDECI y la Defensoría del Pueblo la declaratoria de emergencia ambiental y sanitaria en sus territorios a causa de las consecuencias del derrame de petróleo reportado a inicios de junio. El incidente no ha sido contenido totalmente después de un mes de ocurrido y continúa contaminando el afluente del Patoyacu en el río Chambira, afectando la salud y la alimentación de la población.
El derrame fue identificado el 7 de junio en el kilómetro 57 del Oleoducto Trompeteros-Saramuro en el Lote 8, aunque se estima que ocurrió días antes. Si bien el OEFA ingresó al área impactada el 9 de junio, los trabajos de limpieza se vienen realizando de manera ineficiente y artesanal, lo que no ha logrado impedir que el crudo se extendiera rápidamente debido a las fuertes lluvias.
La actual operadora del Lote 8, la empresa Pluspetrol, se resistió desde el inicio a atender la situación argumentando que era responsabilidad de la comunidad. Posteriormente, la empresa ha enviado 10 trabajadores por su parte y ha contratado a otros 10 jóvenes de la comunidad La Petrolera para las medidas de contingencia. La cantidad de personal es insuficiente, además no se ha proporcionado el equipo necesario. «Hemos exigido desde el primer día que si se les va a contratar deben equiparles, ya van 27 días pero recién de aquí a una semana le va a llegar su protección completa», señaló vía telefónica el apu Robles Pisco, y agregó “Todos estamos con dolor de cabeza, vómitos, el personal de la misma empresa también está mal, ellos mismos lo han declarado”.
Pluspetrol no ha proporcionado el personal ni la logística necesaria para contener el derrame
La comunidad La Petrolera no cuenta con un establecimiento de salud y ha demandado durante el mes de junio la asistencia médica, alimentaria y de agua apta para consumo humano. Según la directiva sanitaria para el abordaje integral ante el riesgo y exposición a derrame y/o fuga de hidrocarburos (RM 1023-2020-MINSA) el MINSA debió desplegar la atención en el breve plazo, lo cual implicaba la notificación inmediata, el abastecimiento de medicinas y el monitoreo clínico y epidemiológico de la población expuesta.
Sin embargo, el MINSA no ha enviado una brigada especializada. El último fin de semana llegaron a la comunidad un serumista, una bióloga y un técnico enfermero, sin las capacidades técnicas y logísticas correspondientes. El equipo del MINSA fue enviado sólo para realizar un informe de la situación y atender puntualmente casos que muestren señales de intoxicación. Si bien, en la comunidad ya se evidencian diversos síntomas, el impacto real de la exposición necesita de un monitoreo riguroso a mediano y largo plazo.
Robles también ha mencionado que se ha comunicado con la municipalidad de Urarinas para que el alcalde Lline Linares interceda por la comunidad pero no ha recibido respuesta. “Él como autoridad local debería hacernos una visita y pedir una declaratoria de emergencia ante el gobierno, pero no nos da la cara”, lamentó el apu.
La emergencia se da en el marco de dos contextos decisivos para el futuro de las comunidades. Por un lado, el inicio de la Consulta Previa del Lote 8 donde el gobierno pretende dar continuidad a la actividad petrolera por 3 décadas más. Por otro lado, la negación del MINSA y el MEF para aprobar el Plan de Salud Intercultural 2022-2026, precisamente, un proyecto que busca atender las consecuencias de la contaminación petrolera y el abandono histórico del Estado en estos territorios.
(Puinamudt/C. Ampuero)
