Alerta ciudadana

La cuenca del Nanay no es un territorio cualquiera. De ella depende el abastecimiento de agua potable para miles de familias de Iquitos y numerosas comunidades indígenas que han encontrado en este río una fuente vital para su subsistencia. Por ello, la protección de esta zona constituye un asunto de interés público y seguridad ambiental.
Resulta preocupante que, pese a la existencia del Decreto Supremo 022-2024-EM y resoluciones judiciales que restringen las actividades mineras en áreas sensibles del Nanay, se hayan admitido a trámite nuevos petitorios mineros que se superponen sobre territorios protegidos. Más allá de que estos procedimientos continúen o no, la sola aceptación genera dudas sobre el cumplimiento efectivo de las normas vigentes.
La experiencia reciente demuestra que la minería ilegal representa una de las mayores amenazas para la Amazonía. La contaminación por mercurio, la deforestación y la afectación de las fuentes de agua son consecuencias ampliamente documentadas. Permitir cualquier señal de flexibilización en zonas especialmente protegidas puede ser interpretado como una puerta abierta para actividades que ya han causado graves daños en otras regiones amazónicas.
Las instituciones públicas tienen la obligación de actuar con coherencia y respeto al marco legal. Si existen disposiciones que prohíben expresamente nuevas concesiones por razones de salud pública y protección ambiental, estas deben ser aplicadas sin excepciones ni interpretaciones ambiguas. La confianza ciudadana depende precisamente de que las autoridades hagan cumplir las normas que ellas mismas promueven.
La defensa del Nanay no es una causa exclusiva de ambientalistas o comunidades ribereñas; es una responsabilidad colectiva. Proteger la principal fuente de agua de Loreto significa proteger el presente y el futuro de la región. Cualquier decisión que comprometa esa seguridad debe ser revisada con la máxima transparencia y rigor técnico.