- También exigen al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que anule el contrato de vuelos subsidiados.
Para que se les dé la oportunidad a empresas nuevas que sí brinden y garanticen un transporte aéreo seguro a los pobladores del Putumayo y de los que ocasionalmente tienen que viajar o salir de esa provincia.
“Las avionetas de la empresa Saeta no reúnen las garantías de viaje, estamos siendo obligados a tomar estos vuelos por la falta de interés del Estado nacional en sus fronteras.
No tenemos más recursos de ir en esas avionetas, corriendo el riesgo de que nos pase algún siniestro. Es muy lamentable la situación que se vive en el Putumayo” mencionan los alcaldes.
La denuncia ante la fiscalía de prevención del delito del Putumayo, fue interpuesta por el alcalde de El Estrecho, César Campos Asenjo, el último 11 de marzo. “Solicitamos tenga a bien DISPONER el inicio de acciones destinadas a evitar la comisión del delito de exposición de peligro. Exhortando al gerente de servicios aéreos Tarapoto, a fin que se abstenga de realizar dichas conductas en mérito a las siguientes conductas:
El 4 de marzo de 2025 la empresa aérea Saeta, tuvo un accidente durante el aterrizaje en el aeródromo de la localidad de Güeppi. 11 pasajeros sufrieron daños físicos y psicológicos. La aeronave se salió de la pista a una velocidad incontrolable colisionando con árboles y maleza. Los pasajeros se salvaron “de milagro”.
El caso señor fiscal, es que en los últimos años la empresa mencionada ha tenido varias contingencias relacionadas con accidentes aéreos, tanto en el aterrizaje como en el despegue. Siendo que el 20 de septiembre de 2022 se produjo un accidente de esa avioneta, ocasionando daños en la salud de sus pasajeros, accidente ocurrido en el Estrecho.
Ha habido otros hechos que no han tenido repercusión mediática por no generar mal a los pasajeros y la nave, pero que esas circunstancias generan desconfianza y malestar social, concediendo poco valor a la seguridad del servicio aéreo que debe prestar la empresa” precisa el documento, en donde agregan que la empresa no estaría brindando el servicio de mantenimiento adecuado a sus avionetas.
Finalmente, los alcaldes recurren al despacho del fiscal para que formule denuncia penal contra la empresa, a fin de prevenir futuros daños mayores contra la vida y la salud de la población que acude a la empresa con la convicción de que le brinden un servicio aéreo seguro, confiable y serio. Pero resulta lo contrario, según los burgomaestres, ya que viajar en ellas es una incertidumbre. Agregando que la empresa ha cometido el delito de exposición de persona a peligro.
