- El proyecto de mejoramiento de la infraestructura educativa fue resuelto de manera unilateral, sin consultar a la comunidad.
- Dirigente envió documento a la Defensoría del Pueblo.
- Por su parte la Defensoría del Pueblo, viene exigiendo a la municipalidad de Urarinas, restituir el proyecto educativo excluido sin consulta alguna.
“La institución advierte el riesgo de escalamiento de un conflicto social en la cuenca del río Chambira y solicita diálogo intercultural urgente. Un total de 93 estudiantes, 31 de nivel inicial y 62 del nivel primario, esperan las mejoras de su infraestructura educativa.
Por lo que Defensoría del Pueblo recomendó acciones urgentes al alcalde de la municipalidad distrital de Urarinas, Alan Luciano Sánchez Urrelo, para prevenir un escalamiento del conflicto social vinculado a los reclamos de las comunidades nativas de Santa Martha y Nuevo Perú, ubicadas en la cuenca del río Chambira.
El 1 de junio de 2026, representantes y autoridades de ambas comunidades se apersonaron ante la Defensoría del Pueblo para expresar su preocupación por la exclusión del proyecto «Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial N° 993 y Nivel Primario N° 601451», con un monto de inversión de S/1’884,643.00 soles (CUI N° 2550486), en la programación de inversiones municipal — pese a que, hasta el 27 de mayo 2026, contaba con certificación presupuestal por un monto de S/1’794,799.00 soles.
La Defensoría verificó en el sistema de seguimiento de las inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que el proyecto figura en el Plan Multianual de Inversiones con presupuesto previsto para el 2026, cuenta con expediente técnico aprobado; sin embargo, ya no aparece en el Portal de Transparencia Económica, lo que genera fundadas dudas sobre su situación real.
Las autoridades comunales también informaron que el 23 de abril llegó a su comunidad un representante de una empresa constructora ofreciendo ejecutar la obra por un monto menor al programado, situación que generó alarma e incertidumbre entre la población.
Frente a estos hechos, la Defensoría del Pueblo, al haber recibido información de la autoridad edil que se había dispuesto el cambio de la priorización del proyecto en el presupuesto, por la negativa de la comunidad, a través Oficio N° 780-2026-DP/OD-LORETO, exige acciones inmediatas recomendando al alcalde que restituya el proyecto de infraestructura educativa en la comunidad nativa de Santa Martha, en la cartera de inversiones municipales, dadas que su exclusión se realizó sin previo diálogo intercultural con la comunidad beneficiaria.
Asimismo, que convoque con urgencia una reunión con los apus de las comunidades nativas Santa Marta y Nuevo Perú para explicar la situación de los proyectos y garantizar que cualquier modificación en la programación de inversiones sea debidamente sustentada y comunicada oportunamente a la población.
Advirtiendo que, de no adoptarse las medidas correctivas, orientará a los ciudadanos para que presenten las denuncias ante el Ministerio Público y ejerzan las acciones judiciales que correspondan. El Jefe de la Oficina Defensorial de Loreto, señaló que la protesta ciudadana surge, en la mayoría de casos, ante la falta de información oportuna.
«Las entidades públicas tienen la obligación de generar condiciones adecuadas para el diálogo intercultural y la atención de las demandas sociales. Una comunicación inoportuna o ineficaz puede escalar una situación que, con transparencia, es perfectamente prevenible», precisó el Dr. Abel Chiroque Becerra.
Este caso se puso en conocimiento de la Contraloría General de la República, para que actúe conforme a sus atribuciones, teniendo en cuenta que las decisiones de las autoridades, están sometidas a procedimientos y el respeto a los derechos fundamentales, recordando que el fin supremo de la sociedad y el Estado es el respeto a la dignidad de la persona.
