- Menos mitigar todos los vicios e ilícitos que conlleva esa actividad registrada ante un pueblo que no cuenta con el apoyo gubernamental.
Las declaraciones de Johnny Huaymacari, presidente de la federación de comunidades nativas y campesinas de la cuenca del Nanay; han pintado el panorama social de ese distrito con un pincel aterrador y sin ningún tinte esperanzador frente al implacable avance de la minería ilegal.
Menciona que el pago por la minería informal dado a los padres de familia, que no cuentan con alternativas laborales dadas por el Estado peruano; hace que los hogares se queden sin la cabeza paternal, por lo que luego las mujeres se quedan solas con sus hijos en un ambiente en que el factor ilegal, se presenta como “lobo vestido de oveja”.
El gobierno regional sigue luchando, a través de la gerencia del Ambiente, así como la dirección de energía y minas; pero no cuentan con el presupuesto necesario para entrar a una verdadera lucha contra la minería ilegal.
Hablan de proyectos sostenibles, pero éstos no dan a los padres de familia el ingreso económico rápido y suficiente, para dejar la extracción de oro que les rinde al mes más de 3 mil soles. Sin duda, un tema complejo.
“Nosotros estamos en constante comunicación con los dirigentes del Nanay, sabemos a fondo la problemática por la que se atraviesa, hacemos esfuerzos y articulamos con otras instituciones a fin de actuar frente a esa actividad ilícita.
Ellos están luchando por su cuenca y por todos los que vivimos en Iquitos, no hay que olvidar que la empresa de agua potable capta ese líquido para luego potabilizar y distribuir a los usuarios de esta ciudad.
Es una actividad que está afectando tremendamente a la Amazonía. No tenemos conversación directa sobre este problema con el gobierno nacional, pero venimos afrontando y asumiendo acciones necesarias para mitigar esa ilegalidad”, habló Ruiz.
