- Comunidades del Alto Pastaza advierten crisis sanitaria y ambiental a más de un año del desastre ocurrido en el Oleoducto Norperuano.
La nación Achuar anunció el cierre total del río Pastaza, a la altura de la comunidad de Naranjal, como medida de presión ante la falta de atención del Estado frente al derrame registrado en el Ramal Norte del Oleoducto Norperuano, ocurrido en octubre de 2024.
La medida fue confirmada por el presidente de la Federación Indígena Achuar del Alto Pastaza, Jacob Espinar Tserem, quien denunció que más de once comunidades continúan consumiendo agua contaminada con crudo, sin acceso a pozos de agua segura ni atención médica especializada.
Según indicó el dirigente, pese al tiempo transcurrido desde el incidente, las familias afectadas no han recibido una respuesta integral que garantice condiciones mínimas de salud, situación que viene generando una grave crisis humanitaria en la cuenca del Pastaza.
La dirigencia achuar señaló que el derrame, inicialmente minimizado por Petroperú, habría afectado aproximadamente 18 mil metros cuadrados, provocando impactos severos en el ambiente y en la salud de la población, especialmente en niños y adultos mayores.
Espinar advirtió que se vienen registrando lesiones cutáneas persistentes, así como enfermedades asociadas a la exposición prolongada a metales pesados, lo que evidencia —según afirmó— una situación de emergencia sanitaria no atendida de manera adecuada.
Asimismo, sostuvo que reportes del OEFA indicarían que el impacto ambiental sería hasta seis veces mayor de lo reconocido oficialmente, lo que demostraría la ausencia de una remediación real del ecosistema afectado.
La decisión de cerrar el río fue adoptada durante una asamblea comunal realizada en Huagramona, donde las bases acordaron ejecutar la medida a partir de marzo de 2026, como mecanismo de defensa frente a lo que consideran abandono estatal y falta de compromiso con los pueblos amazónicos.
Finalmente, el dirigente achuar remarcó que la protesta no tiene fines políticos, sino que responde a la necesidad de garantizar la supervivencia de sus comunidades, advirtiendo que no levantarán la medida mientras no se asegure agua segura, atención en salud y una remediación ambiental efectiva en su territorio. (K. Rodriguez)
