En los últimos días la delincuencia se ha vuelto a incrementar en el día a día de la ciudad de Iquitos, luego de una aparente calma que nos devolvió un poco la tranquilidad, pero mientras la inteligencia policial y comandos no desarticulen las bandas, seguirá latente la criminalidad.
Si nos miramos la cara al espejo, de hecho, no queremos ser el mal que representa el sector de Trujillo, en el norte del país que, por el aumento de la delincuencia de organizaciones criminales y la minería ilegal, el Gobierno lo ha declarado en estado de emergencia por 60 días.
El asunto es que no deberíamos permitir llegar a esos extremos, puesto que la percepción de inseguridad ciudadana es cada día mayor y no estamos lejos de una situación así.
Qué delitos hay en Trujillo, se presentan la extorsión, explotación laboral, explotación sexual, proxenetismo, tráfico de armas, insumos químicos para la minería ilegal del oro, por eso el Gobierno tomó la decisión que por 60 días intervengan inmediatamente las Fuerzas Armadas en el control del orden interno, junto con la policía.
El tema es que el Estado tiene que actuar con más rapidez y eficacia, porque no solamente es Trujillo, sino, que tenemos a la frontera del Putumayo en Loreto donde los peruanos de distintos distritos viven sutilmente y directamente extorsionados por grupos violentos colombianos.
Nos encontramos frente a una delincuencia nacional y extranjera dispuestos a todo, a matar sin remordimiento, y ejerciendo constante violencia frente a civiles indefensos. Urge un plan de acciones múltiples desde el Estado paralelo a lo represivo y sancionador penal.