Una mirada a la situación del conflicto social y la petrolera: Las circunstancias fueron adversas desde comienzos del año anterior, y la polarización entre sus vecinos mostraba una fotografía de pésimos ánimos, donde la desconfianza entre la institución municipal, la empresa petrolera y las organizaciones sociales de AIDECOBAP y la JAP raspaban el límite de conflictos permanentes.
La ingobernabilidad estaba presente en cada uno de sus actos, afectando las relaciones sociales con divisiones marcadas entre ellos en contraste con años anteriores donde, si bien es cierto existían enconos, estos se diluían con tanta rapidez hasta encontrar sus cauces naturales.
La presencia de la actividad petrolera era el punto de la discordia: el desborde social se ensanchaba al mismo tiempo que el canal del Puinahua erosionaba lento y seguro sus suelos hasta desplazar la fluidez y calado del otrora imponente río Ucayali. Los indicadores sociales y económicos no son hasta ahora lo mejor en términos de satisfacción colectiva, como no lo es en todo el circuito petrolero cuyo valor de extracción superan los us$32 mil millones en sus 50 años de actividad extractiva.
Esos temores colectivos de una imagen centrada en una industria petrolera destructora del medio ambiente y de sus medios de vida, encallan en situaciones como la que está viviendo nuestro país de ahora: no existe contribución de la riqueza extraída de sus territorios con el progreso humano de sus habitantes; de ahí la enorme importancia de construir un modelo de intervención territorial en función de la actividad extractiva, donde el jugador principal, el Lote 95.
Tiene que mover piezas de manera inteligente, precisa y jugar de manera audaz para que el territorio se convierta, ya no en un campo de batalla de luchas constantes, sino en un juego de armonía con gobernabilidad entre todos, principalmente las instituciones públicas, siempre neutrales y apáticos en promover diálogos concertados como hilos conductores hacia el progreso territorial.
El distrito de Puinahuia puede convertirse en un modelo de territorio a partir de 2023. Los escenarios de ahora pintan una nueva manera de hacer las cosas de una manera diferente; y esto va depender de cómo actúa y se coloca cada actor en el terreno de los hechos.
Los arreglos institucionales traducida en replantear sus procesos, entre ellos el presupuestal y procedimientos, serán claves para darle dinamismo y agilidad al ente de desarrollo local, como promotor de la gobernabilidad del territorio. El éxito se convertirá en un arma potente como modelo de intervención en otros territorios donde la actividad extractiva tiene deudas pendientes de todo calibre.