Cuando un poder del Estado emite una prácticamente orden a otra entidad del Estado, se entiende que debe cumplirse a cabalidad porque justamente son estas instituciones que nos deben dar el ejemplo del cumplimiento de la legalidad, pero para nuestra sorpresa no es así, y lo más doloroso es sobre un tema de humanidad. Se trata de vida o de muerte lenta.
Esto en referencia a la Notificación Nº 183-2018-JM-CI, del Juzgado Mixto Nauta I, de fecha 03 de abril de 2018, donde ordenan al Ministerio de Salud, al Gobierno Regional de Loreto y a la Municipalidad Provincial de Loreto- Nauta, a que cumplan con informar el cumplimiento de lo ordenado en una resolución judicial donde hablan de atención especializada a pobladores indígenas afectados por la contaminación que ocasiona el derrame de petróleo.
Esta atención se debe dar en las comunidades nativas de Cuninico, Nueva Esperanza, Santa Rosa y San Francisco, que hasta la fecha según las últimas versiones de los apus y representantes de la parte legal, no se hace realidad esa atención especial en Salud, pese a que un estudio independiente señala la contaminación que tienen sus cuerpos los habitantes de esas zonas, y que fueron sometidos a análisis de laboratorios.
Qué será? Indolencia, insensibilidad, negligencia, descuido, incapacidad, y así podríamos ir con más preguntas. Pero, lo que llama también la atención de este caso es que, según se conoce, el Ministerio de Salud emitió una respuesta donde señala que sí viene cumpliendo con la atención de la salud de las personas de las comunidades nativas mencionadas.
Y los apus de estos lugares reconocen que se fueron dos veces a informar sobre el Plan de Salud, tomaron muestras del agua, pero no reciben todavía los resultados formalmente y donde se precise qué personas son las afectadas y cuál es el tratamiento científico que van a seguir. No hay una comunicación fluida y permanente entre ellos y el Ministerio de Salud, menos con la petrolera que se habría desatendido del tema, porque la responsabilidad mayor le atañe al Estado peruano y por ende al gobierno central de turno.
Otro aspecto que hace notar la jueza de Nauta que lleva el caso y que ha dado plazos, para que informen a su despacho sobre la situación y atención a los pobladores de las comunidades mencionadas; es que ni la Municipalidad Provincial de Loreto-Nauta que es población directa, ni el Gobierno Regional de Loreto, estarían cumpliendo con su responsabilidad de involucrarse en el tema de la salud de las personas con problemas de salud por contaminación con crudo de petróleo.
Ante este aparente abandono, los apus y las autoridades comunales de estos pueblos vienen buscando otros apoyos y se les ha presentado la Universidad Católica del Perú, además del Vicariato de Iquitos que les da el soporte legal. Lo que van a hacer, es acudir a una instancia internacional para presionar a que se cumpla el dictamen judicial, en beneficio de hombres, mujeres, adolescentes y niños y niñas, que a pesar del gran abandono, siguen esperando, pacientes, la santa voluntad de atención en salud.
Estado vs Estado
