Mientras más se profundizan investigaciones sobre corrupción, más se siente la presión de grupos que estando en pleno ejercicio del poder buscan artimañas legales para frenar los mismos. Más evidente no puede ser lo que está pasando en los últimos días en nuestros país relacionado al caso Odebrecht o Lava Jato.
Entonces percibimos cómo todo un aparataje para confundir y atarantar, también se empieza a visualizar. Y esto se convierte en un ejercicio mental permanente para el análisis de lo que estamos viviendo, de la previa a un posible escenario futuro que podría usar en el extremo fuerzas oscuras para detener el conocimiento de la verdad en torno a parte de la corrupción en nuestro país.
Ya bastante tenemos con ser diversos en cultura y opiniones como decíamos en edición anterior, y que son aspectos negociables para la vida armoniosa en el país, pero, pero, hay temas que no son negociables y nuestras autoridades competentes tienen que ser firmes en el marco del derecho que nos asiste a todos, de exigir se defienda las riquezas del país, llámese Tesoro Público.
Si somos acusados, nos corresponde el derecho a la defensa y si somos hallados culpables tenemos el deber de someternos a las sanciones, caso contrario seremos obligados. Esa parte de la convivencia democrática es la que no aceptaría la facción política partidaria de Fuerza Popular que está armando su berrinche legal por los procesos de investigación que incluyen a su lideresa Keiko Fujijmori, mientras todos los demás están sometidos a procesos de investigación sin recursos legales intimidatorios casi amenazantes, y otros.
El tema de por sí es tenso, mientras determinada ciudadanía se pregunta cada vez más por qué el temor a la investigación profunda y otro sector del país defiende a la lideresa de Fuerza Popular. El tema también es complejo y fácil al mismo tiempo si tan solo la fiscalía evaluaría y recogería las pruebas de los signos exteriores de riqueza de la familia Fujimori. Así como de tantos en el país que han acumulado riqueza, no solvencia, riqueza descarada a costa presuntamente de los fondos de todos los peruanos. Esto se tiene que develar y sancionar.
Basta ya, se tienen que quitar las caretas, caso contrario el país se mostrará inviable cada vez más con consecuencias graves para nuestros hijos y nietos. La lucha contra la corrupción es también un eslabón para la pacificación en el país, como lo son el destierro del centralismo que impide el desarrollo equilibrado entre las regiones. En ese sentido urge una agenda país de prioridades y no de “chorreo económico” para los `choros´, de “plata que llega sola”, y solamente para unos cuantos. Estamos en un tiempo crucial de sentar bases para evitar caldos de cultivo violentistas.