Cumplido casi en su totalidad el proceso electoral que definirá en segunda vuelta quién gobernará el país durante el lustro 2011 – 2016, la población peruana, según los especialitas en temas políticos, dará su veredicto, el mismo que ya permite oliscar un ganador, que podría decirse es prototipo de una creación armada por partes, a través de la serie de cambios que proyectados a la masa votante por las encuestadoras, han permitido un amasijo de ideas y conceptos que manejadas inteligentemente por tales entidades de consulta, ahora nos han puesto en una disyuntiva nunca antes dada en proceso electoral alguno.
Nadie hace la pregunta, pero esta pugna por aflorar en el colectivo político nacional, donde el casi cien por ciento de entidades políticas y sociedad civil, quieren saber qué, quién o quiénes manejan las encuestas y qué entidades han sido creadas especialmente para dicha tarea, aparte del JNE y el APEIM; que al parecer no cumplen tal faena, como lo evidencia la falta cometida por una encuestadora (IDICE) que publicó una encuesta irreal referida a la gestión de Alan García.
Sin duda es un hecho evidente, las encuestas, en general, generan más decisiones que suspicacias y allí estaría el quid del asunto, pues a lo que diga o señale una encuestadora se plegarán no todos pero si un considerable sector electoral, lo que en buen romance permite suspicazmente dudar de tal o cual resultado cuando este es proyectado hacia los ciudadanos que pese a sus dudas, no tienen quien les aclare cuáles han sido los mecanismos empleados y quiénes los fiscalizadores de tal trabajo,
Como muestra de que existe alguna fuerza extraña que tendría mucho que ver con la no fiscalización de las encuestas lanzadas al ámbito político nacional, se hace cada vez más evidente y de allí, al parecer, partió otra interrogante ¿si se sancionó a la encuestadora caída en culpa; cuál fue la sanción?.
Sin duda alguna nuestra inquietud y reclamo por lograr una verdadera consulta ciudadana, reside en el deseo de no vernos manipulados por empresas o personas que pueden, si así lo quieren, adulterar un resultado que convenga a sus intereses o de algún candidato, dañando así todo un engranaje preparado por aspirantes honestos y con ganas de servir. Una fuente fiscalizadora, creemos que acabaría con las dudas ciudadanas respecto a las encuestas.
